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Una medida que sacude los cimientos del campo argentino: el Poder Ejecutivo elimina la prohibición de exportar ganado en pie para faena, apostando por la desregulación y la libre competencia en un sector clave de la economía.
En un giro radical que celebra el sector agropecuario y genera debate entre los consumidores, el Gobierno Nacional ha derogado el Decreto Nº 322 del 25 de junio de 1973, una normativa que durante medio siglo prohibió la exportación de ganado vacuno en pie destinado a faena para consumo. Esta decisión, plasmada en el Decreto 133/2025, se presenta como un paso firme en la senda de la desregulación económica promovida por el DNU Nº 70/23.
La medida significa la liberación total de las exportaciones de ganado vivo, eliminando una barrera histórica que, según el Gobierno, distorsionaba los precios de mercado e impedía la libre iniciativa privada. Para los productores ganaderos, esto se traduce en una apertura de nuevos mercados y mayores oportunidades de negocio, lo que podría impulsar la inversión y la producción. Sin embargo, para el consumidor interno, la preocupación radica en un posible aumento en el precio de la carne, ya que una mayor demanda externa podría traccionar los valores hacia arriba.
El Gobierno justifica la derogación argumentando que el decreto de 1973 era contrario a los principios de un sistema económico basado en decisiones libres y la libre circulación de bienes, tal como establece el Código Aduanero modificado por el DNU 70/23. La eliminación de estas restricciones busca una mayor inserción de Argentina en el comercio mundial.
"El ESTADO NACIONAL promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo."
Esta decisión es un claro mensaje de la administración actual sobre su compromiso con las políticas de libre mercado y desregulación, priorizando la competitividad internacional por encima de la intervención estatal en la cadena de valor de la carne. Será fundamental observar cómo se equilibran los beneficios para los exportadores con el impacto en el bolsillo de los argentinos. Los ojos del campo y la mesa familiar estarán puestos en los efectos de esta histórica liberación.