Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
En un golpe audaz contra la burocracia, el Poder Ejecutivo eliminó el controvertido Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), prometiendo liberar al sector de cargas de trabas y costos inútiles. ¿Es el fin de una era o el inicio de la anarquía en las rutas?
¡Atención, transportistas y empresarios! El Gobierno acaba de dar un golpe de timón monumental en el sector del transporte de cargas. Mediante el Decreto 1109/2024, el Poder Ejecutivo ha DEROGADO por completo el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), una medida que venía gestándose y que ahora se concreta con bombos y platillos, bajo el paraguas de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
Desde su creación por la Ley N° 24.653, el RUTA fue concebido como una herramienta para ordenar el sector, evitar la precarización y la irregularidad. Sin embargo, el Gobierno actual lo tilda de "carga burocrática que entorpece la libre iniciativa" y que "obstaculiza el ejercicio pleno de la actividad económica". En otras palabras, lo consideran un freno al desarrollo y un "dispendio irracional de recursos públicos".
La eliminación del RUTA significa que los transportistas de carga ya no tendrán que inscribirse en este registro, ni presentar la larga lista de documentos que se exigían, como estatutos sociales, constancias de AFIP, nóminas de personal o títulos de vehículos. El decreto argumenta que gran parte de esta información ya la tiene el Estado o se exige para circular (como el seguro y la VTV), por lo que el registro era una duplicación inútil.
El impacto es directo: se espera una reducción significativa de costos y tiempos para las empresas y trabajadores del transporte. Esto, según el Poder Ejecutivo, va a "liberar las fuerzas productivas" y promoverá la competencia y la transparencia en un mercado que, históricamente, ha sido señalado por sus "entramados corporativos".
El decreto recalca que la seguridad en el transporte se garantiza con el buen estado del vehículo, la licencia de conducir y los seguros obligatorios. Las multas por infracciones a la Ley N° 24.653 ahora se graduarán en Unidades de Sanción Económica, equivalentes a CIEN (100) litros de gasoil. ¡Una sanción que se ajusta a la inflación, de hasta 5.000 unidades en caso de reincidencia!
Esta medida es un claro ejemplo de la política de desregulación impulsada por el Gobierno, que busca achicar el Estado y simplificar los trámites administrativos. La Comisión Bicameral Permanente del Congreso será informada, pero la decisión ya está tomada y en vigencia. ¿Será esta la tan ansiada "libertad" para el transporte o abrirá la puerta a un salvaje oeste en las rutas argentinas? El tiempo lo dirá.
