Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
En un movimiento que sacude a miles de empleados estatales, el Gobierno extiende por un año más las estrictas pautas de negociación salarial. La medida busca "optimizar recursos" y "garantizar la equidad", pero genera incertidumbre y malestar en el bolsillo del personal público.
El Ejecutivo nacional volvió a meter mano en el bolsillo de los trabajadores del Estado. Con la Decisión Administrativa N° 1/2025, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025 la vigencia de los lineamientos salariales establecidos por la Decisión Administrativa N° 28/2024. Esto significa que las pautas para las negociaciones salariales en todo el Sector Público Nacional seguirán siendo las mismas, con un claro enfoque en la contención del gasto.
La decisión, firmada por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los Ministros Federico Adolfo Sturzenegger y Luis Andres Caputo, es un mensaje contundente: la política de austeridad y reducción del gasto público se mantiene inquebrantable. Para los sindicatos y los empleados, esto se traduce en una limitación severa en las discusiones paritarias y una presión constante sobre el poder adquisitivo de sus salarios, en un contexto inflacionario que no da tregua.
"Resulta indispensable seguir por el camino trazado y prorrogar los lineamientos fijados, manteniendo durante el Ejercicio 2025 parámetros homogéneos para la negociación de salarios dentro del Sector Público Nacional que se adecuen a los objetivos mencionados y garanticen la equidad salarial", reza el documento oficial.
El Gobierno argumenta que estas medidas buscan "optimizar los recursos del ESTADO NACIONAL" y lograr un "accionar más eficiente". Sin embargo, la otra cara de la moneda es el impacto directo en la calidad de vida de miles de familias que dependen del salario estatal. La prórroga de estas pautas, que ya generaron controversia en 2024, profundiza la preocupación sobre el futuro de los ingresos en la Administración Pública.
La Ley N° 18.753 establece que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público es la encargada de estudiar las políticas salariales. Los decretos 183/88 y 322/17 delimitaron la representación del sector empleador en las negociaciones. La Decisión Administrativa N° 28/24, ahora extendida, ya había establecido un marco restrictivo para las negociaciones hasta fines de 2024. Con esta nueva prórroga, el Gobierno busca afianzar un modelo de disciplina fiscal que, para muchos, roza el congelamiento salarial encubierto.
La medida afecta a todos los organismos y entidades del Sector Público Nacional, centralizados y descentralizados. Los empleados deberán prepararse para un 2025 con pocas chances de recuperar poder adquisitivo a través de negociaciones colectivas. La tensión entre el ajuste fiscal y las demandas salariales promete ser uno de los focos de conflicto social y político del próximo año.
