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El Ministerio de Justicia lanza un plan de retiro voluntario para el personal de entes cooperadores vinculados a registros públicos y colegios profesionales, buscando 'racionalizar y transformar el Estado' sin costo presupuestario directo.
El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha un ambicioso Plan de Retiro Voluntario dirigido al personal de varios entes cooperadores que prestan servicios en áreas críticas como los Registros del Automotor, de la Propiedad Inmueble, la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Esta medida, que se suma a un plan similar ya implementado en ACARA, busca 'optimizar los recursos disponibles' y cumplir con la 'reorganización y reforma del Estado' impulsada por el Gobierno.
La clave de este plan, enmarcado en la emergencia pública declarada por la Ley N° 27.742, es que no generará 'erogación presupuestaria alguna' para el Estado Nacional. Los gastos y la 'gratificación extraordinaria por el cese laboral' de los agentes que se adhieran serán asumidos exclusivamente por los fondos de los propios Convenios Marco de Cooperación Técnica Financiera celebrados entre el Ministerio y los entes cooperadores involucrados, como la Cámara de Comercio Automotor (C.C.A.), el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (C.P.A.C.F.) y el Colegio de Escribanos de la Capital Federal (C.E.C.F.), entre otros.
Este movimiento representa una profunda reestructuración en la forma en que el Estado se relaciona con estas entidades, buscando una mayor eficiencia y control sobre el personal que, aunque no es directamente empleado público, trabaja en funciones esenciales del Estado. La adhesión es voluntaria y se realiza bajo los términos de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que implica una negociación individual de las condiciones de desvinculación. Se espera que esta medida tenga un impacto significativo en la dotación de personal de estas dependencias y en la agilidad de los trámites que gestionan, en línea con la visión de un Estado más chico y eficiente.
