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El Patronato de Liberados actualiza un contrato por $170 millones y el Ministerio de Hábitat multa a una empresa por incumplimiento. ¿Transparencia o discrecionalidad en el gasto público?
La gestión de los contratos estatales en la provincia de Buenos Aires está bajo la lupa, con redeterminaciones de precios que inflan los montos originales y sanciones a empresas que incumplen. El Patronato de Liberados Bonaerense aprobó la 1ra. Redeterminación de Precios para un contrato con la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., elevando el monto total a la friolera de $169.663.440,04. Este ajuste, rubricado el 9 de febrero de 2026, rige retroactivamente desde el 1° de junio de 2025 y obliga a la empresa a presentar una garantía del 10% del valor actualizado del contrato. ¿Es este un aumento justo o una señal de la inflación galopante?
Por otro lado, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano no dudó en aplicar mano dura. En una serie de resoluciones, se rectificaron términos de una resolución anterior y se procedió a dejar sin efecto el artículo 3° de la RESO-2025-108-GDEBA-MHYDUGP. Lo más impactante es la habilitación del reclamo por la diferencia de precio a cargo de la firma MÓDULOS HABITABLES INSIDEBOX SRL por una prestación no cumplida. Esta penalidad, cuya cuantía se determinará tras un nuevo proceso de adjudicación, será un golpe para la empresa y un mensaje claro para el resto de los proveedores del Estado. Además, la compañía aseguradora GESTIÓN COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. también fue notificada.
"Las redeterminaciones de precios son un arma de doble filo: necesarias para mantener la viabilidad de los contratos en contextos inflacionarios, pero también un foco de posibles controversias si no se justifican con total transparencia."
Para los ciudadanos, estos movimientos reflejan la complejidad de la administración pública y el manejo del dinero estatal. Es crucial que se garantice la eficiencia en el gasto y que las empresas que no cumplen con sus obligaciones sean debidamente sancionadas. La vigilancia sobre estos contratos es fundamental para asegurar que los fondos públicos se utilicen de manera responsable.
