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La Aduana de Tucumán lanzó un edicto impactante, publicando los nombres de más de 60 personas con deudas millonarias por multas y tributos impagos. Un golpe a la evasión que interrumpe plazos de prescripción y eleva la tensión entre el fisco y los infractores.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ADUANA TUCUMÁN) ha puesto en el ojo de la tormenta a un extenso grupo de individuos, publicando un edicto en el Boletín Oficial que revela deudas por más de 168 millones de pesos en concepto de multas y tributos. Esta medida, amparada en el artículo 1013, inciso h) del Código Aduanero, se toma ante la imposibilidad de notificar directamente a los infractores por falta de domicilio conocido. Es un verdadero campanazo para quienes creían haber esquivado el control.
Esta notificación oficial no es un mero formalismo. Significa la interrupción del plazo de prescripción de las deudas, lo que le da a la Aduana un nuevo aire para reclamar lo adeudado. Los implicados, que van desde particulares hasta figuras con múltiples sumarios, tienen apenas 10 días hábiles desde el 5 de marzo de 2026 para impugnar los cargos ante la Aduana de Tucumán, ubicada en San Martín 610, 3er piso, San Miguel de Tucumán. Si no lo hacen, la situación se agravará.
La no cancelación de estos montos, que en algunos casos superan los 14 millones de pesos para un solo infractor (como Gustavo Adolfo Bulau, con DNI 22.910.435), implicará la aplicación del temido Artículo 1122 del Código Aduanero y sus subsiguientes. Esto puede derivar en medidas más drásticas, incluyendo ejecuciones fiscales y otras acciones legales para asegurar el cobro. La Aduana muestra los dientes y deja claro que no hay lugar para la impunidad en el comercio exterior.
"La presente tiene carácter de interrupción del plazo de prescripción en los términos del Art. 806 Inc. a) del C.A. El plazo para impugnar la presente es de 10 días a partir de la publicación conforme al Art. 1055 del C.A."
Este edicto es una clara señal de la intensificación de los controles y la determinación del Estado para recuperar fondos. Para los ciudadanos comunes, es un recordatorio de la importancia de cumplir con las normativas aduaneras y tributarias. Para los involucrados, el reloj ya corre y cada día es crucial para evitar un desenlace aún más costoso.
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