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La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) actualiza su tarifario para servicios adicionales, citando aumentos salariales y costos de equipamiento. Un golpe al bolsillo de quienes operan en el aire.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ha dado un paso firme para reajustar sus números, aprobando un nuevo “TARIFARIO PARA EL SERVICIO DE PRESTACIONES ADICIONALES” mediante la Disposición 905/2025. Esta medida, que entrará en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, responde a la necesidad de actualizar los valores que, según la propia PSA, se encontraban “desactualizados” debido a los aumentos salariales del personal y el incremento sustancial en los precios de los equipamientos y su mantenimiento.
Las Prestaciones Adicionales son servicios de seguridad extra que la PSA brinda a solicitud de terceros, como aerolíneas, empresas de carga o incluso eventos especiales dentro de los aeropuertos. La Ley N° 26.102 le otorga a la PSA jurisdicción en los aeropuertos y aeródromos, y el Decreto N° 1.679/06 le facultó a arancelar estos servicios complementarios a su misión esencial de seguridad interior.
La actualización de estas tarifas impacta directamente a las empresas y organizaciones que requieren estos servicios. Si bien la PSA argumenta que es fundamental para “el sostenimiento de la motivación y la voluntariedad del personal” y el “mantenimiento del equipamiento”, es inevitable que estos costos se trasladen, en parte, a los usuarios finales del transporte aéreo, ya sea a través de pasajes más caros o mayores tarifas de carga.
La transparencia es un punto clave: la Disposición incluye un Anexo I (Público) con la tarifa total y un Anexo II (Reservado) que discrimina lo que percibe el personal y lo que corresponde a la institución. Los valores anteriores habían sido modificados por última vez en octubre de 2023, lo que sugiere una actualización periódica en línea con la inflación y los costos operativos.
Para el ciudadano común, si bien no es un costo directo, el impacto podría sentirse de forma indirecta en el precio final de los servicios aeroportuarios. La medida busca asegurar la capacidad institucional de la PSA para cumplir con sus obligaciones, pero a un costo mayor para el sector privado que interactúa con ella.
