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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca actualiza las medidas de conservación para los recursos marinos antárticos, ratificando el compromiso argentino con la protección de la biodiversidad en el continente blanco tras la 43ᵃ reunión de la CCRVMA.
En una movida crucial para la protección de uno de los ecosistemas más frágiles del planeta, el Gobierno argentino, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, ha oficializado las Medidas de Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos que regirán para la temporada 2024/2025. Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial, es el resultado directo de la 43ᵃ reunión de la COMISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS (CCRVMA), de la cual Argentina es un miembro activo y fundamental.
La CCRVMA, establecida por la Ley N° 22.584, tiene como misión asegurar la conservación de la vida marina en el vasto y complejo ecosistema antártico. La resolución actualiza un extenso listado de medidas que abarcan desde el cumplimiento y la fiscalización hasta la regulación de pesquerías específicas y la creación de áreas protegidas. Esto incluye la continuidad de medidas como la 10-01 (2014) sobre cumplimiento, la 21-01 (2019) sobre pesca en general, o la 91-01 (2004) sobre áreas protegidas, entre muchas otras. Además, se introducen modificaciones significativas en otras medidas, como la 10-03 (2024) y varias de las 23-01 (2024) y 24-05 (2024) relacionadas con la pesca, y una larga lista de regulaciones pesqueras (41-01 a 41-11, 42-02, 51-01 a 51-04).
La implementación de estas medidas es vital para garantizar la sostenibilidad de las poblaciones de kril, peces y otras especies marinas, que son la base de la cadena alimentaria antártica y un recurso pesquero de interés global. Para el sector pesquero argentino y los operadores internacionales que faenan en la zona, estas regulaciones implican un marco estricto que busca equilibrar la explotación de los recursos con su conservación a largo plazo. La Argentina, como parte de la CCRVMA, refuerza su rol de actor clave en la gobernanza antártica y en la defensa de sus intereses soberanos y ambientales en la región. Para los ciudadanos, es la garantía de que se están tomando acciones concretas para preservar un patrimonio natural incalculable y asegurar la salud de los océanos para las futuras generaciones. Es un paso adelante en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) y en la promoción de prácticas responsables en un entorno tan delicado.
