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El Ministerio de Justicia da un golpe de timón y finaliza las polémicas contrataciones de personal y pagos de 'incentivos' a través de ACARA, un sistema que generó distorsiones salariales y una condena de la Corte Suprema.
Una verdadera revolución en el Ministerio de Justicia. La Resolución 376/2024, firmada por el Ministro Mariano Cúneo Libarona, instruye la finalización de todas las contrataciones de personal a través del Ente Cooperador ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina) y, aún más impactante, el cese del pago de los controvertidos 'incentivos' a partir del 31 de diciembre de 2024.
Esta medida busca poner fin a un sistema que el propio Ministerio califica de "anormal durante décadas", el cual implicó la contratación de agentes "por fuera de las prescripciones que rigen el ámbito del empleo público". El texto es tajante: generó "distorsiones en la estructura salarial" y "diferencias entre los agentes de la propia Jurisdicción", lo que constituye un "indebido privilegio y una violación del principio constitucional de igual remuneración por igual tarea".
El detonante fue, en parte, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Ferrara Muñiz, Emilio Vicente y otros c/ EN - M. Justicia - IGJ s/ empleo público" (10 de septiembre de 2024), que estableció el carácter remunerativo de estos incentivos. Esto obligaría al Estado a afrontar enormes erogaciones por aportes y contribuciones no prescriptos, un golpe a las arcas públicas en un contexto de "cambio de coyuntura propiciado por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".
¿Qué cambia? Se busca la "corrección y readecuación de la contratación del personal" y que "todos los agentes de esta Cartera Ministerial perciban por su labor idéntica remuneración". La supresión de este régimen, según la cartera de Justicia, "viene a corregir una situación de indebido privilegio para algunos agentes y a generar igualdad en beneficio del resto del personal".
Para el ciudadano, esto significa un intento de mayor transparencia y equidad en la gestión de los recursos humanos del Estado, aunque para los afectados directos, la pérdida de los incentivos y la finalización de contratos representa un golpe duro y una fuente potencial de nuevos conflictos judiciales. Habrá que ver cómo se reubica o compensa al personal que quedará desvinculado de este esquema.
