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El Banco Central ha emitido una serie de edictos explosivos, citando a múltiples firmas y personas por presuntas infracciones al Régimen Penal Cambiario. ¿Quiénes son los investigados y qué se juegan en esta pulseada con la autoridad monetaria?
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha lanzado una batería de edictos que ponen en el ojo de la tormenta a varias empresas y particulares, citándolos a comparecer ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. Se trata de una acción contundente en el marco de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359, una normativa clave que rige las operaciones con divisas en el país y cuya infracción puede acarrear severas multas y otras sanciones.
Entre los citados se encuentran firmas como LA 51 TRADER S.R.L. (CUIT N° 30-71516697-2), TRATTO TECHNOLOGY SRL (CUIT N° 30-71612237-5), AGROGANADERA WS S.A. (CUIT N° 30-71626096-4), y OLEOUNO S.A. (CUIT N° 30-71456547-4). También figuran personas físicas como MATIAS NICOLAS BLANCO (D.N.I. N° 38.911.528), Graciela DESANZO (D.N.I. N° 18.347.277), Eduardo Alberto PICCIRILLO (D.N.I. N° 16.622.913) y Julia Argentina MEDINA (D.N.I. N° 12.250.674). Todos ellos deben presentarse en la sede del BCRA en Reconquista 250/266, Capital Federal, para “estar a derecho” en distintos sumarios.
Esta expresión legal implica que los notificados deben presentarse para ejercer su defensa y responder a las acusaciones de presuntas infracciones cambiarias. Los plazos varían entre 10, 17 y 30 días hábiles bancarios. La advertencia es clara: la “rebeldía” (es decir, la incomparecencia) puede llevar a que se declare su ausencia, lo que generalmente resulta en la continuidad del proceso sin su participación y la pérdida de oportunidades de defensa, pudiendo derivar en sanciones más severas. Es un llamado de atención del BCRA a quienes operan en el mercado de cambios, reforzando la fiscalización y el control en un contexto económico volátil.
Para algunos de los citados, el BCRA incluso ha recordado la existencia de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo los ofrecidos por el Ministerio Público de la Defensa, un detalle no menor que subraya la seriedad de estas imputaciones. Este tipo de medidas busca asegurar la transparencia y el cumplimiento de las normativas cambiarias, afectando directamente a las empresas y personas involucradas en operaciones de comercio exterior o financieras que puedan haber violado alguna disposición.
