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El Ministerio de Infraestructura bonaerense sella un pacto con la Asociación Civil GROW para fiscalizar obras y servicios públicos, prometiendo más control y participación ciudadana. ¿Fin de la caja negra?
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires ha formalizado un convenio marco con la ASOCIACIÓN CIVIL GROW- CRECER- DESARROLLO Y DE GÉNERO. Esta alianza busca implementar un esquema de colaboración mutua en el marco del “OBSERVATORIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS”, una iniciativa clave para el fortalecimiento institucional.
Se aprueba una resolución que oficializa la colaboración entre el Estado y una organización de la sociedad civil. El objetivo es promover la integridad, transparencia y eficiencia en el gasto público relacionado con infraestructura. Esto implica un monitoreo conjunto de la planificación, contratación y ejecución de obras y servicios públicos en la provincia.
Para la sociedad, esta medida representa una potencial mejora en la fiscalización de cómo se invierten los recursos públicos, lo que podría traducirse en una reducción de la corrupción y una mayor calidad en los proyectos. La participación ciudadana en el control de la obra pública es un paso hacia una gobernanza más abierta. Para las empresas contratistas, el convenio significa un mayor escrutinio y la necesidad de operar bajo estándares de transparencia aún más exigentes.
El Ministerio ya había creado en 2024 el “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL” y el “OBSERVATORIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS” con el fin de mejorar la confianza pública. Este convenio se enmarca en esa estrategia, buscando aprovechar la experiencia de las organizaciones civiles para potenciar el control.
Esta decisión podría sentar un precedente para futuras colaboraciones con ONGs en la supervisión de la gestión pública, fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas. La efectividad real dependerá de la autonomía y capacidad de fiscalización que demuestre la Asociación Civil. Para los ciudadanos, es una oportunidad de esperar una mayor claridad sobre el destino de los impuestos en infraestructura.
