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El Ministerio de Seguridad de la Ciudad aplicó con mano dura la Ley N° 5847, vetando el acceso a estadios deportivos a quienes considera problemáticos. Una medida controversial que busca 'pacificar' las tribunas pero que siempre enciende el debate sobre las libertades individuales.
Una noticia que estremece el mundo del fútbol y el deporte en general: el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Resolución N° 59/SSSEEMD/26, ha decidido aplicar el impedimento de acceso y/o permanencia a los estadios deportivos a un grupo de personas, basándose en la controvertida Ley N° 5847. Esta ley es la herramienta legal que permite a las autoridades prohibir la entrada a las canchas a individuos con antecedentes de violencia o comportamientos disruptivos.
La medida afecta directamente a los hinchas que el Estado considera un riesgo para la seguridad en los espectáculos deportivos. Si bien los nombres no se publican en el Boletín, la decisión se basa en informes de la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Deportivos Masivos. El objetivo es claro: erradicar la violencia de las tribunas y garantizar un ambiente seguro para los asistentes. Sin embargo, esta política siempre levanta polvareda.
La Ley N° 5847, conocida como 'Derecho de Admisión', es un arma de doble filo. Por un lado, muchos celebran la mano dura contra los violentos. Por otro, defensores de los derechos individuales critican la falta de un debido proceso claro y la posibilidad de aplicaciones arbitrarias, afectando la libertad de quienes solo quieren disfrutar de un partido. ¿Hasta dónde puede avanzar el Estado en la restricción de libertades individuales en pos de la seguridad colectiva? Este es el interrogante que resuena.
"La seguridad es fundamental, pero no a cualquier costo. Hay que garantizar el debido proceso y la transparencia en estas decisiones", advierten especialistas en derecho.
