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El Ministerio de Seguridad aprueba un ambicioso 'PLAN FEDERAL DE PREVENCIÓN DE CIBERDELITOS Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA CIBERSEGURIDAD' para blindar al país ante el avance imparable de los ataques digitales, coordinando fuerzas federales y provinciales.
En un movimiento estratégico para proteger a la República Argentina de las crecientes amenazas en el mundo digital, el Ministerio de Seguridad, con Patricia Bullrich a la cabeza, ha lanzado un Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad para el período 2025-2027. Esta resolución, que no implica un gasto presupuestario adicional, busca una respuesta integral y coordinada frente a los delitos ciberasistidos y ciberdependientes que azotan a individuos, empresas y la infraestructura crítica del país.
El plan, que se basa en la coordinación entre el Gobierno Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene como objetivos principales:
La iniciativa reconoce que el crimen organizado ha migrado al entorno digital, utilizando internet para actividades ilícitas como narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y tráfico de armas. La dependencia de los sistemas informáticos hace que la ciberseguridad sea un pilar estratégico para la seguridad nacional y la economía.
La Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, dependiente de la Unidad Gabinete de Asesores, será la encargada de coordinar y ejecutar este plan de acción. Se instruye a todas las áreas del Ministerio y a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal) a colaborar activamente. Además, se invita a las jurisdicciones provinciales y a la CABA a adherir, buscando así un frente común contra esta sofisticada forma de criminalidad.
Este ambicioso plan es una respuesta directa al vertiginoso avance tecnológico y su lado oscuro, buscando no solo castigar, sino prevenir los ciberataques que, como bien señala el texto, “no solo afectan a las personas, sino que también tienen un impacto negativo en empresas, instituciones públicas y la infraestructura crítica del país”. Un paso crucial para blindar el futuro digital argentino.
