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El Ministerio de Cultura porteño desató una catarata de resoluciones administrativas que aprueban múltiples contratos de locación de servicios artísticos. ¿Gasto público eficiente o burocracia desatada en el ámbito cultural?
El Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires se inundó con una serie de resoluciones del Ministerio de Cultura, todas con el mismo leitmotiv: la aprobación de contratos de locación de servicios artísticos. Desde la Resolución N° 874 hasta la 879, y sumando la 883/MCGC/26, se oficializan un sinfín de acuerdos que, si bien son el engranaje habitual de la gestión cultural, no especifican los nombres de los artistas ni los montos involucrados en la información publicada. Esto obliga a los interesados a bucear en los anexos, generando dudas sobre la transparencia del gasto.
Para el universo artístico, estas aprobaciones son un soplo de oxígeno y una señal de que la actividad sigue en marcha, generando empleo y oportunidades. Sin embargo, para el ciudadano de a pie, la recurrencia de estas resoluciones sin mayor detalle puede encender las alarmas sobre la gestión de los recursos públicos. Cada contrato representa un compromiso presupuestario, una porción de los impuestos porteños destinada a sostener la vasta agenda cultural de la Ciudad.
"Es fundamental que el Estado invierta en cultura, pero también que cada peso esté justificado y sea accesible al escrutinio público", señaló un analista del sector.
La constante aprobación de estos convenios es un recordatorio de la profunda intervención estatal en el fomento cultural. Aunque su impacto individual sea menor, la sumatoria de estas decisiones administrativas revela un flujo continuo de fondos hacia el arte y el espectáculo en la capital. Mantenerse informado sobre los anexos y la ejecución de estos contratos es clave para entender el verdadero alcance de estas medidas.
