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Nuevas directrices y revisión de precios para proveedores del Estado bajo el polémico Decreto 59/19. ¿Se viene una ola de ajustes que impactará en los costos de los contratos vigentes y futuros?
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de resoluciones que hunden sus raíces en el Decreto 59/19, mueve las fichas en el tablero de las compras públicas. Por un lado, se reafirma el marco legal que rige las contrataciones, con intervenciones de pesos pesados como Asesoría General de Gobierno y Fiscalía de Estado, consolidando la base normativa para futuras operaciones. Esto, aunque suena a burocracia pura, es el andamiaje sobre el que se sostienen miles de millones de pesos en contratos.
Pero la verdadera bomba para los proveedores llega con la Resolución N° 32-OPCGP-2026. Esta medida autoriza la revisión de precios para empresas clave como JUANOJUAN S.A. y TRANSPORTING S.A., adjudicatarias del Convenio Marco N° 614-5-CM25 para la "ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS, BATERIAS Y OTROS". ¡Imaginate! Los costos de insumos como neumáticos, baterías y otros repuestos se dispararon más del 5%, un umbral que activa la cláusula de revisión según el artículo 48 del Pliego de Bases y Condiciones.
Esto significa que el Estado provincial, para no desfinanciar a sus proveedores en un contexto inflacionario, está ajustando los montos de contratos ya firmados. La metodología para estos ajustes no es arbitraria: se basa en el Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) del INDEC, utilizando códigos específicos para "Repuestos para automotores", "Otros productos de caucho", "Cubiertas de Caucho" y el "Nivel general".
Para los ciudadanos, esto implica que el costo final de los bienes y servicios que el Estado adquiere para funcionar podría ser mayor al presupuestado inicialmente. Para las empresas, es un respiro frente a la escalada de precios, pero también una señal de la volatilidad económica. La transparencia en estos procesos y la correcta aplicación de los índices son cruciales para evitar suspicacias y garantizar la equidad en el gasto público.
26 de septiembre de 2025
5 de febrero de 2026
5 de febrero de 2026