Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
La Provincia de Buenos Aires aprueba un desembolso adicional de casi 15 millones de pesos para la empresa ARR-CA S.R.L. por una obra de agua potable en Altamirano. ¿Un ajuste necesario o un nuevo golpe al bolsillo de los bonaerenses?
El Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, en su edición del 25 de marzo de 2026, ha encendido las alarmas con la aprobación de una redeterminación definitiva de precios para una obra crucial de agua potable en la localidad de Altamirano, partido de Brandsen. La Resolución, firmada por el Subsecretario de Recursos Hídricos, Nestor Fabian Alvarez, valida un acuerdo con la empresa ARR-CA S.R.L. que implica un desembolso extra que supera los 14 millones de pesos.
La medida ajusta el costo de la obra "GRUPO 6 Lote 3 – Perforaciones de explotación, provisión e instalación de electrobombas y obras complementarias para la optimización de servicios de agua potable". Si bien la gestión total aprobada asciende a $228.073.114,58, el punto más polémico es la diferencia a favor del contratista a ser certificada, que alcanza los $11.850.013,08. A esto se le suman otros conceptos como el 1% para dirección e inspección ($118.500,13) y un 3% de reserva por Ley N° 14.052 ($355.500,39). Finalmente, el "Certificado Anticipo Financiero" para abril de 2024 arroja una diferencia a reconocer de $2.221.171,14, totalizando un pago adicional impactante de $14.545.184,74 para la contratista.
Esta redeterminación, aunque es un mecanismo legal para ajustar contratos por la galopante inflación que azota al país, no deja de generar ruido. La empresa ARR-CA S.R.L. se compromete a renunciar a todo reclamo por mayores costos futuros y a cumplir con el plan de trabajos. Sin embargo, la cifra final que sale de las arcas provinciales para esta única obra es un dato que golpea fuerte en el presupuesto público.
Para los ciudadanos de Altamirano, la noticia tiene un doble filo: por un lado, asegura la continuidad y optimización de un servicio esencial como el agua potable. Por otro, implica un mayor gasto público que, en última instancia, se traslada a los contribuyentes. La obra, licitada en 2023 y con contrato firmado en marzo de 2024, ve ahora sus costos inflados, reflejando la cruda realidad económica del país.
"Cada peso adicional en una obra pública debe ser justificado con total transparencia para evitar sospechas y garantizar la confianza de los ciudadanos", advierten analistas del sector. La Tesorería General de la Provincia será la encargada de transferir estos fondos, previa intervención de la Contaduría General.
Esta medida, aunque administrativa, pone de manifiesto la presión financiera sobre las obras de infraestructura y la constante necesidad de reajustar los presupuestos en un contexto inflacionario. Estar atentos a los informes de ejecución y futuras auditorías será clave para entender el destino de estos millones.
