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La provincia de Córdoba obtiene un préstamo crucial para mejorar el agua potable, pero la garantía del Estado nacional y la polémica cláusula de coparticipación encienden las alarmas sobre el futuro de las finanzas públicas. ¿Quién pagará la cuenta si hay problemas?
¡Bomba en el Boletín Oficial! Un decreto explosivo acaba de dar luz verde a un megapréstamo de SETENTA Y CINCO MILLONES DE DÓLARES (USD 75.000.000) que la Provincia de Córdoba recibirá de la Corporación Andina de Fomento (CAF). El objetivo es ambicioso: "Refuncionalización Integral del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Córdoba Capital - Primera Etapa". Una noticia que, a primera vista, suena a un oasis en medio del desierto para los cordobeses que claman por un mejor servicio de agua.
Pero, como siempre, el diablo está en los detalles. La República Argentina se convirtió en el garante solidario de esta millonaria operación. Esto significa que si Córdoba no cumple con sus pagos, ¡la Nación deberá afrontar la deuda! Y aquí viene lo más picante: para "preservar el crédito público", se aprobó un Contrato de Contragarantía entre la Nación y Córdoba. ¿Qué implica esto? Que si la provincia se atrasa, el Gobierno Nacional está facultado para débitar automáticamente los fondos de la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos que le corresponden a Córdoba. Una medida drástica que garantiza el repago, pero que podría asfixiar las finanzas provinciales ante cualquier eventualidad.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Oficina Nacional de Crédito Público dieron el visto bueno, minimizando el impacto macroeconómico y destacando que el costo financiero es inferior al que la República podría obtener en el mercado. Sin embargo, la espada de Damocles de la coparticipación pende ahora sobre la provincia mediterránea. Para los ciudadanos de Córdoba, la promesa es clara: mejor calidad de vida, higiene y salubridad gracias a un mejor servicio de agua. Pero para el resto del país, la pregunta es: ¿hasta dónde se estira la manta de las garantías nacionales? Este decreto reafirma la injerencia del gobierno central en el financiamiento provincial, con un mecanismo de cobro que no deja lugar a dudas. Es fundamental que los contribuyentes cordobeses sigan de cerca la ejecución de este proyecto, para asegurar que cada dólar se invierta en lo prometido y que la Nación no tenga que activar la cláusula de débito automático.
Se faculta al Ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, o a quien él designe, a suscribir y modificar los contratos, siempre que no impliquen cambios sustanciales al objeto o monto.
