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La Provincia de Buenos Aires desembolsa una cifra millonaria para ajustar los costos del servicio de lanchas escolares en el Delta, en medio de una undécima redeterminación de precios que dispara alarmas sobre la gestión de fondos públicos y la inflación.
Un nuevo capítulo en la saga de los costos estatales ha estallado en el Boletín Oficial, revelando un ajuste de precios que impacta directamente en el bolsillo de todos los bonaerenses. La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires acaba de oficializar la undécima redeterminación de precios para el crucial servicio de transporte fluvial que traslada a miles de alumnos, docentes y personal auxiliar en el complejo Delta Bonaerense.
La protagonista de esta historia es la firma LÍNEAS DELTA ARGENTINO S.R.L., que opera estas lanchas escolares bajo la Licitación Pública N° 10/23. Cada una de las órdenes de compra involucradas, la PBAC N° 300-0001-OCA24 y la N° 300-0071-OCA24, asciende a la impactante suma de $313.716.600,00. ¡Casi 314 millones de pesos por cada una!
La justificación oficial se basa en la cláusula 38 del Pliego de Condiciones Particulares, que habilita la redeterminación cuando la variación de precios supera el cinco por ciento (5%). En este caso, la empresa calculó una variación del 5,95% a valores de septiembre de 2025, superando el umbral y activando la luz verde para el nuevo desembolso. Este mecanismo, regulado por la Ley N° 13.981 y el Decreto 1314/2022, busca 'actualizar' los valores ante la escalada inflacionaria, pero no deja de generar debate sobre la frecuencia y magnitud de estos incrementos.
Este tipo de resoluciones, aunque administrativas, son un termómetro de la economía real y del impacto de la inflación en los servicios públicos esenciales.
Además, el Artículo 3° de la resolución destina $5.626.835,20 del Presupuesto General Ejercicio 2026 para atender gastos asociados a la medida, lo que suma aún más a la cuenta. La Dirección Provincial de Contrataciones, Convenios y Administración de Inmuebles será la encargada de autorizar las órdenes de compra, un punto clave para garantizar la transparencia en la gestión de estos fondos.
Para los ciudadanos, esto se traduce en un mayor costo para el erario público, que se sufraga con impuestos. Para las empresas del sector, significa una adaptación a un entorno inflacionario, pero también pone de manifiesto la necesidad de contratos más flexibles o, quizás, de una revisión de las metodologías de licitación para evitar estas constantes 'renegociaciones' que siempre terminan con cifras al alza. Estaremos atentos a cómo evoluciona este millonario servicio esencial.
17 de noviembre de 2025
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