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El Ministerio de Capital Humano validó un acuerdo clave para los trabajadores del petróleo, gas y biocombustibles, que incluye modificaciones salariales. Sin embargo, una advertencia oficial sobre sumas "no remunerativas" genera incertidumbre y podría encender futuras disputas fiscales y laborales. ¿Quién pagará la cuenta?
El Boletín Oficial acaba de soltar una noticia que impacta directamente en los bolsillos de miles de trabajadores del sector energético: la homologación de un acuerdo salarial entre la FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETRÓLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES y las cámaras empresarias del gas licuado, como la CAMARA ARGENTINA DE DISTRIBUIDORES DE GAS LICUADO y CAFRAGAS. Este convenio, en el marco del CCT N° 592/10, busca actualizar los ingresos de los empleados en un contexto inflacionario que no da tregua.
Lo más llamativo y potencialmente conflictivo de esta disposición es la "advertencia" del Ministerio sobre el carácter no remunerativo de algunas sumas pactadas. La autoridad laboral recuerda a las partes lo dispuesto por el Artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744. Esto no es un detalle menor: si bien las partes pueden acordar sumas "no remunerativas" para aliviar la carga de aportes y contribuciones, la ley es clara y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suele interpretar que muchas de estas sumas sí tienen carácter remunerativo a efectos de la seguridad social. Esto podría derivar en futuras intimaciones y multas para las empresas, o incluso reclamos de los trabajadores por una menor base para jubilaciones y otros beneficios.
Además, se menciona una Cláusula Novena cuyo plazo ya venció, lo que obliga a las partes a iniciar una nueva negociación colectiva para evitar vacíos legales. El texto también prevé la evaluación del tope indemnizatorio del Artículo 245 de la Ley N° 20.744, un factor crucial en caso de despidos, que será revisado para reflejar los nuevos salarios.
Para el ciudadano común, esto significa que el costo laboral del gas licuado y los biocombustibles podría verse afectado, lo que eventualmente podría trasladarse a los precios finales de productos esenciales. La tensión entre lo pactado y lo legalmente exigible es un polvorín que el Gobierno ya marcó.
