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El INCUCAI ajusta los montos para la evaluación y autorización de protocolos de investigación con órganos y tejidos, pero exime a hospitales públicos y universidades nacionales. ¿Impacto en la ciencia privada?
El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) ha dado un paso controvertido con la Resolución 84/2026: aprobó la actualización de los aranceles para la evaluación y eventual autorización de protocolos de investigación clínica que involucren el uso de órganos, tejidos y células en seres humanos. Esta medida, que deroga la Resolución INCUCAI N° 63/2024, busca asegurar los recursos operativos y técnicos que demandan estos complejos procesos.
La Ley N° 27.447 de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células habilita al INCUCAI a promover y evaluar la investigación científica en este ámbito. El Comité de Ética en Investigación (CEI) del INCUCAI propuso esta adecuación de montos, argumentando la necesidad de cubrir los costos operativos tras el tiempo transcurrido desde la última actualización.
Sin embargo, la resolución trae una distinción crucial: exceptúa del pago de estos aranceles a los establecimientos sanitarios públicos, a los dependientes de las Fuerzas Armadas y a los pertenecientes a Universidades Nacionales. Esta diferenciación podría generar un impacto significativo en el sector privado de la investigación médica y farmacéutica, que verá incrementados sus costos para llevar adelante estudios con órganos y tejidos.
"Mientras se protege y fomenta la investigación pública, el sector privado podría enfrentar mayores barreras económicas para sus desarrollos en trasplantología y medicina regenerativa".
Para el ciudadano, esta medida busca garantizar la calidad y sostenibilidad de la evaluación de la investigación, pero es clave observar cómo afectará la participación de los distintos actores en un campo tan vital para la salud pública.
15 de enero de 2026
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