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El Ministerio de Seguridad porteño lanza una diplomatura de élite en videovigilancia y monitoreo. ¿Estamos ante el ojo que todo lo ve o una herramienta clave contra el delito? La ciudad se blinda con tecnología de punta.
El Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires acaba de publicar la Resolución N° 72/ISSP/26 del Ministerio de Seguridad, que aprueba la Diplomatura de Especialización en Videoseguridad y Técnicas Avanzadas de Monitoreo. Esta medida, que parece un paso más en la profesionalización de las fuerzas de seguridad, en realidad es un salto cuántico en la capacidad de vigilancia urbana.
La aprobación de este programa académico significa que el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) formará especialistas en el uso y análisis de sistemas de videovigilancia. Ya no se trata solo de instalar cámaras, sino de tener personal altamente capacitado para interpretar, gestionar y actuar sobre la información que estas generan. Esto incluye desde el reconocimiento facial y vehicular hasta el análisis predictivo de comportamientos sospechosos.
Para el ciudadano común, esto puede significar una doble cara. Por un lado, la promesa de una ciudad más segura, con una capacidad de respuesta más rápida ante emergencias y delitos. La prevención y persecución de la delincuencia podrían ver un incremento significativo en su eficacia. Por otro lado, surge el inevitable debate sobre la privacidad. ¿Hasta dónde llega el ojo estatal? ¿Cómo se resguardarán los datos y se evitarán abusos en un sistema cada vez más intrusivo?
"La videoseguridad es una herramienta poderosa, pero su implementación debe ir de la mano con marcos legales sólidos que protejan las libertades individuales", advirtió un especialista en derechos digitales.
Esta iniciativa busca estar a la vanguardia de las tecnologías de seguridad, lo que es crucial en un contexto de crecimiento urbano y desafíos delictivos. Sin embargo, la transparencia en el uso de estas herramientas será la clave para ganar la confianza de la población. Es fundamental que se establezcan protocolos claros sobre quién accede a la información, cómo se almacena y bajo qué circunstancias se utiliza.
