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La Unidad de Información Financiera (UIF) redobla la apuesta contra el lavado de activos, endureciendo las reglas para identificar y monitorear a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) y sus allegados. ¡Nadie se salva del ojo de la ley!
La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo clave en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, acaba de dictar una resolución que ajusta y endurece la definición y el control sobre las Personas Expuestas Políticamente (PEP). Esta medida, que modifica la Resolución UIF N° 35/2023, busca alinear a la Argentina con los estándares internacionales más rigurosos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), poniendo la lupa sobre funcionarios, sus familiares y allegados.
La resolución amplía y detalla la lista de quiénes son considerados PEP, tanto extranjeros como nacionales, provinciales y municipales. Desde Jefes de Estado hasta legisladores, jueces, embajadores, militares de alto rango y hasta autoridades de partidos políticos y sindicatos, la red se extiende. Pero la gran novedad es la definición de "personas allegadas o cercanas", que ahora incluye a quienes "mantengan relaciones jurídicas de negocios del tipo asociativas, aún de carácter informal, cualquiera fuese su naturaleza". Esto significa que amigos, socios o incluso conocidos con vínculos comerciales con un PEP podrían caer bajo el radar.
Además, la condición de PEP se mantendrá hasta dos años después del cese en el cargo, y los sujetos obligados (bancos, aseguradoras, inmobiliarias, etc.) deberán requerir una declaración jurada a sus clientes no solo al inicio de la relación, sino también ante cualquier cambio en su condición de PEP, incluyendo la de los beneficiarios finales.
Para las instituciones financieras y las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), esto implica un aumento significativo en las medidas de debida diligencia y un mayor escrutinio sobre sus clientes con vínculos políticos. El objetivo es claro: evitar el uso indebido del sistema para actividades ilícitas. Para los ciudadanos comunes que tienen o tuvieron algún tipo de relación con un PEP, esto puede significar más preguntas y requisitos al realizar trámites financieros. La UIF busca cerrar cualquier resquicio a la opacidad, pero la trampa está en la amplitud de la definición de "allegados", que podría generar incertidumbre.
"La definición de PEP no pretende cubrir a individuos en un rango medio o más subalterno en las categorías anteriores."
Esta actualización es un paso crucial para la transparencia financiera del país y para cumplir con los compromisos internacionales. Sin embargo, la implementación requerirá un esfuerzo considerable por parte de los Sujetos Obligados para evitar caer en la "parálisis por análisis" y garantizar que no se generen trabas innecesarias a las transacciones legítimas. Es fundamental que los ciudadanos y las empresas se informen sobre estas nuevas definiciones para evitar sorpresas.
