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El Gobierno avanza con un nuevo ajuste en las tarifas de transporte de energía eléctrica, con un incremento del 4% para enero de 2025, afectando a varias empresas clave del sector y sumando presión a los costos generales de la economía.
En un movimiento que suma incertidumbre al ya convulsionado panorama económico, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ha aprobado un aumento del 4% en las tarifas del transporte de energía eléctrica para el próximo mes de enero de 2025. Esta decisión, que abarca a empresas troncales como DISTROCUYO S.A., EPEN, TRANSPA S.A., TRANSENER S.A., TRANSBA S.A. y TRANSNEA S.A., se inscribe en la polémica "corrección de precios relativos" que impulsa el Ministerio de Economía.
La medida, que el Gobierno justifica bajo el paraguas de la "emergencia energética" declarada y prorrogada hasta julio de 2025, busca "mantener los precios y tarifas del sector en valores reales lo más constantes posibles, y de evitar así un proceso de deterioro de los mismos que no permitan el sustento del sector y hasta amenacen su continuidad". En criollo: las empresas de transporte necesitan más fondos para operar y no colapsar.
Aunque no es un aumento directo en la factura de luz del usuario final como el de las distribuidoras, este incremento en el transporte es un costo oculto que se traslada a la cadena de valor de la energía. Al final del camino, contribuye a la suba generalizada de precios, afectando tanto a la producción como al consumo. Las grandes empresas y los distribuidores de energía eléctrica son los primeros en sentir este ajuste, que luego se repercute en el resto de la economía.
La aprobación de estos nuevos valores horarios para el equipamiento regulado y el promedio de sanciones mensuales históricas para cada transportista, muestra la determinación del Gobierno de avanzar con la quita de subsidios y la actualización tarifaria, pese al impacto inflacionario. Este sendero de ajustes continuos genera preocupación en un contexto de alta inflación, donde cada incremento, por pequeño que parezca, suma a la carga económica de ciudadanos y empresas.
Para los ciudadanos comunes, esto significa que la energía seguirá siendo un componente de costo en aumento, impactando indirectamente en el precio de bienes y servicios. Es fundamental que las autoridades expliquen cómo estos ajustes garantizan una mejora en la calidad del servicio y una mayor previsibilidad a largo plazo.
