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El Decreto 59/19 destapa una nueva estrategia del gobierno bonaerense para **endurecer el control sobre las contrataciones públicas**, buscando "proteger los intereses fiscales". ¿Se termina la fiesta para algunos proveedores y se viene una era de mayor transparencia o más burocracia?
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha puesto en marcha un mecanismo de control sin precedentes con la promulgación del Decreto 59/19. Bajo el objetivo de garantizar la "forma que mejor convenga a los intereses fiscales", esta medida establece la obligatoriedad de un Asesoramiento Técnico-Económico para todas las contrataciones.
La clave de este decreto es la inclusión de un miembro del Área Administrativa en los procesos de asesoramiento técnico-económico. Este funcionario tendrá la misión de supervisar y asegurar que cada contratación se realice bajo las condiciones más ventajosas para las arcas provinciales. Esto implica un ojo vigilante adicional sobre el gasto público, buscando optimizar cada peso invertido.
Para las empresas que buscan contratar con el Estado bonaerense, esto significa un proceso más riguroso y con mayor escrutinio. Se espera que la discrecionalidad se vea reducida, priorizando la eficiencia y la transparencia. Para el ciudadano común, la promesa es una gestión más austera y responsable de los fondos públicos, lo que podría traducirse en una mejor asignación de recursos para servicios esenciales como salud y educación. Sin embargo, algunos críticos podrían señalar que este tipo de medidas también ralentizan los procesos administrativos y podrían generar cuellos de botella.
Este decreto se enmarca en un contexto de búsqueda de mayor eficiencia y transparencia en la administración pública, especialmente en provincias con altos volúmenes de gasto. La idea es evitar posibles desvíos de fondos o contrataciones desfavorables para el Estado. Es una señal clara de la voluntad política de ajustar las clavijas en la gestión financiera.
La medida, aunque parece administrativa, tiene profundas implicaciones. Por un lado, busca fortalecer la fiscalización interna y reducir los márgenes de corrupción. Por otro, podría generar resistencia en sectores acostumbrados a procesos menos controlados. La eficacia dependerá de la capacidad del Área Administrativa para llevar adelante esta tarea sin caer en la burocracia excesiva.
"Este decreto es un paso firme hacia una administración más transparente y eficiente, protegiendo el dinero de todos los bonaerenses." (Interpretación del espíritu del decreto)
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