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La Dirección Provincial de Personas Jurídicas actualiza los viáticos para veedores en asambleas de sociedades y asociaciones, pasando a un sistema de módulos. Esto podría significar un aumento en los costos administrativos para miles de entidades en Buenos Aires.
La Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ), con la Disposición 357, ha metido mano en los bolsillos de las entidades bonaerenses. A partir de ahora, los viáticos que deben abonar las asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y sociedades para la concurrencia de veedores a sus asambleas ya no serán montos fijos, sino que se calcularán en "módulos". Cada módulo equivaldrá al valor vigente para el trámite "Varios - con plazo especial de 1 día" de la Ley 14.028.
La medida, que deroga la Disposición D.P.P.J. N° 22/2011, establece tablas detalladas que varían según la distancia de la asamblea (desde La Plata hasta más de 400 km), el horario (día hábil hasta/pasadas las 18:00 hs) y si es día inhábil. Por ejemplo, una veeduría para una Asociación Civil en un día hábil después de las 18:00 hs a más de 400 km costará 12 módulos, mientras que para una Sociedad en las mismas condiciones, trepará a 16 módulos.
"Es necesario actualizar los parámetros estipulados... teniendo en consideración además las categorizaciones de las asociaciones civiles..." - Disposición D.P.P.J. N° 45/2015
Además, se contemplan las veedurías virtuales, con costos más bajos (entre 3 y 6 módulos). Pero ojo, si tu fundación o asociación civil está en la Categoría 3 (según DISPO-2023-45-GDEBA-DPPJMJYDHGP) o tu sociedad está controlada por el artículo 299° de la Ley 19.550, el costo se incrementa un 50% adicional. Y si necesitás dos o más representantes de la DPPJ, cada agente extra suma un 50% del valor inicial. La constancia de pago debe presentarse con 48 horas de anticipación.
Esto impacta directamente en la economía de las personas jurídicas, que verán modificados sus costos de cumplimiento y fiscalización. Si bien busca adaptar los valores a la realidad inflacionaria, la implementación del sistema de módulos y los recargos adicionales podrían generar un mayor gasto administrativo para muchas entidades, especialmente aquellas con menor capacidad económica o que operan lejos de la capital provincial.
