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Dos resoluciones de la Jefatura de Gabinete destraban el registro de documentaciones de fincas en Zelada y Anchorena, moviendo fichas en el tablero inmobiliario de la Ciudad.
El Boletín Oficial porteño nos trae dos jugadas administrativas que, aunque parezcan menores, son esenciales para el mercado inmobiliario. Las Resoluciones N° 62/SECGDU/26 y N° 67/SECGDU/26 de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano (SECGDU) autorizan el registro de la documentación de dos importantes fincas. Una se encuentra en Zelada 7675, y la otra abarca una extensa numeración en Tomás Manuel de Anchorena (436 a 94).
En la práctica, estas autorizaciones son pasos burocráticos críticos que permiten regularizar la situación legal de estos inmuebles. Para los propietarios o desarrolladores, significa la posibilidad de avanzar con ventas, construcciones o inversiones sin trabas documentales. Si bien no representan un cambio de política de fondo, son la base para que la rueda de la construcción y el comercio de propiedades siga girando.
El impacto directo es para los dueños de estas propiedades y para quienes operan en el mercado inmobiliario de la Ciudad. Indirectamente, contribuye a la transparencia y seguridad jurídica en las transacciones de inmuebles, algo siempre valorado en un contexto económico fluctuante. Sin estos registros, las propiedades quedan en un limbo legal que impide su desarrollo y valorización. Es la maquinaria del Estado trabajando en el back-office para que el frente siga en movimiento.
