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Una avalancha de homologaciones en el Boletín Oficial revela que varias empresas y sindicatos pactaron suspensiones de personal con pagos no remunerativos, una maniobra que esquiva el Procedimiento Preventivo de Crisis y expone las tensiones económicas en el sector productivo.
El panorama laboral argentino se sacude con una serie de disposiciones del Ministerio de Capital Humano que homologan acuerdos de suspensiones de personal en diversas empresas, abarcando desde el sector automotriz y metalmecánico hasta el papelero y de transporte. Lo más impactante: estos acuerdos, que prevén pagos no remunerativos bajo el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, se concretan sin pasar por el tradicional Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).
La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha dado luz verde a pactos entre grandes nombres como AGCO ARGENTINA S.A. (maquinaria agrícola), VIGOR S.A.C.I.F. (papel), BURDEOS AUTOMÓVILES S.A., JACK CARS S.A., MITSU MOTORS S.A. (concesionarias y automotriz), TRANSPORTE AUTOMOTOR LLAMBI CAMPBELL S.R.L., y METALMECANICA S.A., con sindicatos de peso como SMATA, SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS, UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR y la UOM (Seccional Villa Mercedes).
La clave de esta flexibilización radica en que, según el propio Ministerio, el consentimiento de las entidades sindicales a estas suspensiones con pagos no remunerativos se interpreta como un "reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa". Esto permite considerar la exigencia del PPC como un "dispendio de actividad", es decir, una pérdida de tiempo burocrática cuando ya hay acuerdo entre partes para preservar los puestos de trabajo, aunque sea con condiciones difíciles.
Para las empresas, esta medida es un salvavidas que les permite reducir costos de personal en momentos de baja actividad sin incurrir en despidos masivos, manteniendo a su fuerza laboral a la espera de una reactivación. Para los trabajadores, si bien implica una reducción de ingresos al percibir prestaciones no remunerativas, la alternativa podría ser la pérdida total del empleo. Es un mal menor en un contexto complicado, donde la prioridad es mantener la fuente de trabajo.
Este patrón de homologaciones no es un hecho aislado, sino que se repite en varias industrias, señalando una profunda preocupación económica que obliga a las partes a buscar soluciones de emergencia. La agilidad en la aprobación de estos acuerdos podría interpretarse como una señal del gobierno de facilitar la adaptación de las empresas a la crisis, priorizando la continuidad laboral sobre los procedimientos formales, siempre que haya consenso sindical. Sin embargo, también deja en evidencia la fragilidad del mercado interno y la necesidad de medidas urgentes para reactivar la producción y el consumo. Es crucial que los trabajadores afectados conozcan sus derechos individuales, los cuales se mantienen sin perjuicio de estos acuerdos marco colectivos.
