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El Ministerio de Capital Humano homologó un acuerdo que permite a GESTAMP BAIRES suspender empleados con un pago no remunerativo, sorteando el Procedimiento Preventivo de Crisis. ¿Un atajo para las empresas en tiempos difíciles?
Una medida que enciende las alarmas en el ámbito laboral fue publicada en el Boletín Oficial. La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, acaba de homologar un acuerdo clave entre la empresa GESTAMP BAIRES SOCIEDAD ANONIMA y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SMATA). Este pacto permite la suspensión de personal bajo el paraguas del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, garantizando una prestación no remunerativa para los trabajadores afectados.
Lo más controvertido de esta disposición es que se obvió la obligación de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un requisito establecido por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02. La justificación oficial es que el consentimiento del sindicato en el acuerdo implica un “reconocimiento tácito” de la situación de crisis que afecta a la empresa, lo que, según la autoridad, “preserva los puestos de trabajo” y evita un “dispendio de actividad” burocrática.
Esta decisión afecta directamente a un listado de personal detallado en el expediente, quienes se verán suspendidos pero con un ingreso parcial. Sin embargo, la implicación va mucho más allá: ¿podría esta homologación sentar un precedente para que otras empresas busquen sortear el PPC en futuras crisis, simplemente obteniendo la anuencia sindical? Esta flexibilización en los procedimientos abre un debate sobre la protección laboral en un contexto económico volátil. Los analistas ya se preguntan si estamos ante una nueva forma de gestionar las crisis empresariales, con menos intervención estatal y mayor peso de la negociación directa, aunque con riesgos para la estabilidad de los trabajadores. La medida se dicta en un marco de urgencia para “preservar los puestos de trabajo”, pero la forma en que se alcanzó genera interrogantes sobre la transparencia y los derechos laborales a largo plazo.
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