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El Gobierno da luz verde a acuerdos entre empresas y sindicatos para suspender personal bajo el Artículo 223 bis de la LCT, impactando a sectores como el automotriz y el manufacturero. ¿Es la 'salida' a la crisis o una señal de alarma?
La situación económica sigue golpeando fuerte y el impacto se siente en el bolsillo de miles de trabajadores. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, homologó acuerdos de suspensiones para tres grandes empresas: AUTO DEL SOL S.A., LONGVIE S.A. y TARRAT S.A. Estos convenios, celebrados con el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (SMATA) y la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UOM), permiten suspender personal con el pago de una prestación no remunerativa, amparándose en el polémico Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
Lo más llamativo es que, en todos los casos, el Gobierno considera que ha mediado un reconocimiento tácito de la situación de crisis por parte de los sindicatos. Esto significa que las empresas evitan el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un trámite burocrático que, según la normativa, debería ser previo a despidos o suspensiones masivas. La justificación oficial es que se busca preservar los puestos de trabajo, aunque sea a costa de una reducción salarial para los afectados.
Esta serie de homologaciones es un termómetro de la economía real, mostrando cómo la recesión obliga a las empresas a ajustar sus estructuras y a los sindicatos a negociar condiciones menos favorables para evitar males mayores. La flexibilidad impuesta por la crisis se consolida, marcando una tendencia que preocupa al mundo laboral.
