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El Ministerio de Capital Humano fijó el tope indemnizatorio para un sector clave de la economía, el de los administradores de consorcios. ¿Preocupación en los empleadores o alivio para los trabajadores? Una medida que recalcula despidos y genera polémica.
El Boletín Oficial nos trae una bomba para el sector de la administración de propiedades: la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, acaba de publicar la Disposición 2264/2025. ¿Qué significa esto en la práctica? Ni más ni menos que se ha establecido el importe promedio de las remuneraciones que servirá como base para calcular el temido tope indemnizatorio en los despidos, de acuerdo con el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744.
Esta medida impacta directamente a los trabajadores y empleadores del rubro, nucleados en el SINDICATO DE EMPLEADOS DE ADMINISTRADORAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (SEARA), la ASOCIACIÓN INMOBILIARIA DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL (AIERH), la UNIÓN ADMINISTRADORES DE INMUEBLES (UADI) y la CÁMARA ARGENTINA DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS (CAPHyAI). Se trata de un acuerdo específico (registrado bajo el N° 1284/25) derivado del Convenio Colectivo de Trabajo N° 810/25.
"Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744..."
En criollo, esto significa que, al momento de calcular cuánto le corresponde a un empleado despedido sin justa causa, se tendrá en cuenta este nuevo promedio. Antes de esta disposición, la Dirección Nacional evaluaba la procedencia de fijar estos topes. Ahora, con un informe técnico de por medio, se determinó el criterio y los montos, aunque curiosamente se aclara que no corresponde establecerlos para el CCT N° 810/25 en sí, sino para el acuerdo salarial específico que lo complementa.
Para los empleadores, esta clarificación puede significar una mayor previsibilidad en los costos laborales, pero también podría implicar un aumento en las indemnizaciones a pagar si los promedios fijados son superiores a los que se venían manejando. Para los trabajadores, es una garantía de que sus derechos indemnizatorios se calcularán sobre bases actualizadas y transparentes, brindando una mayor protección en caso de despido.
Es fundamental que tanto administradores como empleados estén al tanto de esta actualización, ya que impacta directamente en las finanzas y la estabilidad laboral del sector. La Ley de Negociación Colectiva (Nº 14.250) es el marco legal que permite estas definiciones, buscando un equilibrio entre las partes.
