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El Ministerio de Capital Humano homologó una serie de acuerdos entre empresas y sindicatos para suspender personal con pagos no remunerativos. La medida, que involucra a gigantes como SIAT, Auto Dante y AGCO Argentina, esquiva el Procedimiento Preventivo de Crisis y genera incertidumbre sobre la real situación económica del país. ¿Trabajadores protegidos o precarizados?
Una cascada de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial ha encendido las alarmas en el ámbito laboral. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, ha dado luz verde a múltiples acuerdos de suspensiones de personal en diversas empresas, desde la industria metalúrgica hasta el sector automotor y el transporte. Estos convenios, celebrados bajo el polémico artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, permiten a las compañías suspender a sus empleados pagándoles una prestación no remunerativa, es decir, sin aportes ni contribuciones.
Lo más llamativo es que estas homologaciones se realizaron sin la necesidad de iniciar el tradicional Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un mecanismo legal que se activa ante despidos o suspensiones masivas. Según el Ministerio, el "consentimiento prestado por la entidad sindical" en cada acuerdo se interpreta como un "reconocimiento tácito a la situación de crisis" de las empresas. Esta flexibilidad, si bien busca "preservar los puestos de trabajo", genera un debate sobre la real protección de los derechos laborales y la transparencia de la situación económica de las firmas.
Entre las empresas que recurrieron a estas suspensiones se encuentran SIAT SOCIEDAD ANÓNIMA (con la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA), AUTO DANTE SOCIEDAD ANONIMA, CI-DANE SOCIEDAD ANÓNIMA, L´EXPRES SOCIEDAD ANONIMA, ESPASA SOCIEDAD ANONIMA y AGCO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (todas con el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR o SMATA). También EMPRESA MONTE VERA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA acordó suspensiones con la UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR.
Para el ciudadano común, esto significa que miles de trabajadores verán reducidos sus ingresos y sus beneficios sociales, aunque conserven su empleo. La justificación oficial es evitar despidos masivos, pero la medida expone la fragilidad del mercado laboral y la presión que enfrentan las empresas en un contexto económico complejo. Es crucial que los trabajadores afectados conozcan sus derechos y las implicaciones de estas prestaciones no remunerativas.
"Se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa, toda vez que con el mismo se logra preservar los puestos de trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales un dispendio de actividad."
Estas disposiciones reflejan un panorama donde la negociación colectiva se convierte en la herramienta principal para gestionar crisis, a menudo a expensas de las condiciones laborales tradicionales. Es fundamental seguir de cerca cómo estas suspensiones impactan en el poder adquisitivo de los hogares y en la reactivación económica del país.
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