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Se fijó en $170.000 el Aporte Básico Obligatorio para marzo y abril de 2026 bajo la Ley 7.014. Una medida que impacta directamente en los ingresos de los profesionales del sector y genera debate sobre la carga impositiva.
La Ley 7.014, que rige la actividad de martilleros y corredores en la provincia de Buenos Aires, trae novedades que impactan directamente en la billetera de los profesionales. Se ha fijado en $170.000 el Aporte Básico Obligatorio mensual para los períodos de marzo y abril de 2026. Este monto, que se abona del 1° al 10 del mes subsiguiente, representa una suma fija que todos los afiliados deberán cubrir, sin importar el volumen de sus operaciones.
La principal implicancia es la obligatoriedad de completar el aporte si las sumas mensuales generadas por la actividad no alcanzan ese piso. Esto significa que los profesionales, especialmente aquellos con menor actividad o recién iniciados, deberán desembolsar la diferencia de su propio bolsillo para cumplir con la normativa. Los aportes obligatorios adicionales se mantienen: el 6% por operaciones de compraventa y remates particulares, el 3% por administración y el 10% de los honorarios a cargo del afiliado en actuaciones judiciales.
Esta medida busca garantizar la sostenibilidad del fondo o caja que administra estos aportes, que son vitales para el sistema previsional o de seguridad social del sector. Sin embargo, desde la vereda de los martilleros, puede ser percibido como una carga financiera significativa, especialmente en un contexto económico desafiante. Podría generar un desincentivo para aquellos que buscan ingresar a la profesión o para quienes tienen ingresos más fluctuantes.
"Es crucial que los profesionales del sector revisen sus números y planifiquen sus finanzas para evitar sorpresas. La responsabilidad de cumplir con este aporte es ineludible", señalan algunos analistas.
La decisión, comunicada por Luis Eusebio Colao, Presidente, subraya la necesidad de mantenerse informado sobre las resoluciones concordantes dictadas por el Consejo Superior, que regulan estos aspectos. La transparencia y el acceso a la información son clave para que los afectados puedan tomar las mejores decisiones.
