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Una resolución clave del Ministerio de Economía extiende el poder del interventor de la disuelta Administración General de Puertos (AGP S.A.U.) por 180 días, mientras la flamante Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) toma el timón. ¿Continuidad o una prolongación de la agonía estatal en un sector estratégico?
El Ministerio de Economía ha tirado una bomba administrativa con la Resolución 21/2025, firmada por Luis Caputo, que redefine temporalmente el mapa del poder en los puertos argentinos. En un movimiento que busca evitar el caos, pero que no deja de generar suspicacias, se ha encomendado al Interventor de la ya disuelta Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP S.A.U.) la tarea de seguir despachando los asuntos indispensables.
La medida, que surge tras el Decreto 3/2025 que disolvió la AGP S.A.U. y creó la flamante Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) como ente autárquico, busca asegurar la continuidad operativa. La ANPYN, nacida para ser la única Autoridad Portuaria Nacional, heredó todos los bienes, recursos y compromisos de la extinta Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y de la propia AGP S.A.U.
Lo más llamativo es que, hasta que la ANPYN esté "totalmente operativa" (un concepto que suele estirarse en la burocracia argentina), el viejo interventor de la AGP tendrá que seguir administrando bienes, recursos y, lo más importante, supervisando los contratos en curso. Esta "guardia vieja" se mantendrá por 180 días, con la posibilidad de una prórroga por única vez por un período idéntico. Es decir, ¡podríamos tener al interventor de una empresa disuelta al frente por un año entero!
Para el ciudadano común y las empresas, esta resolución significa que, en teoría, no habrá interrupciones en la gestión portuaria y de vías navegables. Se busca garantizar que el comercio exterior siga fluyendo y que los servicios esenciales no se detengan por la reestructuración. La ANPYN, además, asumirá el rol de Concesionario de la Vía Navegable Troncal hasta que se adjudique la esperada licitación pública, un proceso que ya viene con sus propios vaivenes desde el Decreto 709/2024.
"Es una medida de transición, pero la prolongación de roles de una entidad disuelta siempre genera interrogantes sobre la agilidad real del cambio", señalan analistas del sector.
El interventor deberá informar mensualmente a la ANPYN sobre los avances en la liquidación y traspaso. Esto es crucial para la transparencia, pero también para entender si el proceso avanza a paso de tortuga o de liebre.
En resumen: Se busca evitar un vacío de poder, pero se extiende la sombra de la antigua gestión mientras la nueva agencia intenta echar raíces. El futuro de la administración portuaria y la Vía Navegable Troncal sigue siendo un capítulo abierto, con la promesa de una licitación que podría cambiar el juego, pero que aún no tiene fecha firme. ¡Manténganse informados, que en los puertos argentinos, la marea siempre puede cambiar!
