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El Ministerio de Seguridad aprueba un protocolo implacable para el transporte terrestre de precursores químicos, derogando normativas obsoletas y prometiendo una fiscalización más rigurosa para frenar la producción de drogas ilícitas. ¿Será suficiente para cortar la cadena de suministro del narcotráfico?
En una movida estratégica para combatir el narcotráfico, el Ministerio de Seguridad ha dado luz verde a un nuevo y estricto 'Protocolo de Actuación para el Control del Transporte Terrestre de Precursores Químicos y Productos Químicos Controlados' a través de la Resolución 76/2025. Esta medida, firmada por la Ministra Patricia Bullrich, deroga la Resolución SEDRONAR N° 362 del 13 de junio de 2012, que ya había quedado obsoleta frente a las nuevas modalidades del crimen organizado.
El objetivo es claro: fortalecer la fiscalización sobre las sustancias que pueden ser utilizadas en la fabricación de estupefacientes. La nueva normativa busca garantizar un control riguroso sobre los operadores y vehículos involucrados en el transporte de estos químicos, exigiendo mayor transparencia y seguridad en las operaciones. Esto implica una actualización en los procedimientos de control, adecuándolos a los estándares y exigencias legales actuales.
'Teniendo en cuenta la complejidad y los riesgos asociados al transporte de precursores químicos, así como la necesidad de garantizar un control riguroso sobre los operadores y vehículos involucrados, resulta primordial establecer un protocolo específico que regule de manera clara y precisa las obligaciones y responsabilidades de los actores en esta actividad.'
La resolución detalla que el RENPRE (Registro Nacional de Precursores Químicos), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad desde 2016, tendrá facultades ampliadas para requerir colaboración de la fuerza pública, coordinar tareas de fiscalización y organizar procedimientos para procesar la documentación. Además, se reitera la obligación de denunciar la nómina de vehículos, la prohibición de transporte en vehículos de pasajeros y las regulaciones para envíos postales.
Principalmente las empresas de transporte y las industrias que manejan estos químicos, que deberán ajustarse a un marco regulatorio mucho más estricto. La medida busca minimizar los riesgos para la seguridad pública y facilitar una supervisión efectiva, cortando de raíz una de las principales arterias del narcotráfico. Es un paso más en la 'guerra' contra las drogas, buscando ahogar la producción ilícita desde su base.
