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La Dirección Nacional de Registros del Automotor ajusta las tuercas para Personas Expuestas Políticamente (PEP), exigiendo mayor transparencia en el origen de fondos y extendiendo el ojo vigilante.
Una nueva disposición de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRNPACP) trae cambios significativos en la lucha contra el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT). La Disposición 390/2024 sustituye y actualiza normativas clave para los Registros Seccionales, enfocándose en las Personas Expuestas Políticamente (PEP). A partir de ahora, los Registros deberán determinar con mayor rigurosidad el origen de los fondos involucrados en las operaciones de usuarios que sean PEP, evaluando su razonabilidad y justificación económica y jurídica.
Esto significa que cualquier funcionario o ex-funcionario que realice una transacción en el registro (compraventa de un auto, por ejemplo) enfrentará un escrutinio más profundo sobre de dónde proviene el dinero. Un punto crucial es la duración de la condición de PEP: si bien cesará luego de DOS (2) años de haber dejado el cargo público, la norma aclara que el Sujeto Obligado (el Registro) deberá seguir evaluando la situación del usuario mediante un enfoque basado en riesgo. Esto incluye considerar la relevancia de la función desempeñada, la potestad de disposición de fondos y la antigüedad en la función pública.
En la práctica, esto implica que el manto de sospecha sobre un ex-funcionario por cuestiones de lavado puede persistir más allá del plazo formal, dependiendo del riesgo que represente su perfil. Esta medida se alinea con las resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), como la N° 192/24, y las Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), organismos que buscan fortalecer los estándares internacionales para prevenir el uso indebido del sistema financiero. Para el ciudadano común, esto refuerza la transparencia en el sistema de registro automotor y, si bien no lo afecta directamente a menos que sea una PEP, contribuye a un entorno económico más seguro y menos propenso a actividades ilícitas. La implicación es clara: el Estado busca cerrar aún más los grifos al dinero de dudosa procedencia. ¡Un paso más hacia la transparencia, o una nueva traba para la burocracia? El tiempo lo dirá.
