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La Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo impone un tope de 80.000 toneladas anuales para la captura de anchoíta en la Zona Común de Pesca durante 2025 y 2026. Una medida 'precautoria' que busca proteger una especie clave, pero que sacude al sector pesquero argentino y uruguayo.

La Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo acaba de lanzar una bomba regulatoria que resonará fuerte en los puertos de Argentina y Uruguay. A través de su Resolución 13/2025, se ha fijado un límite precautorio de 80.000 toneladas anuales para la captura de la especie Engraulis anchoita en la Zona Común de Pesca, abarcando los años 2025 y 2026.
Esta decisión, tomada en Montevideo el 18 de noviembre de 2025, no es menor. La anchoíta no solo es un recurso pesquero de valor comercial, sino que cumple un rol ecológico fundamental como alimento de otras especies de interés y de la megafauna marina. La Comisión argumenta la necesidad de "contribuir a la conservación y racional explotación" de este recurso, cuya biomasa muestra una "alta variabilidad anual".
El impacto es directo para las empresas pesqueras y, potencialmente, para los consumidores. Un límite en la captura podría significar menor oferta, aumento de precios y una reconfiguración de la actividad en el sector. Si bien la medida busca la sostenibilidad a largo plazo, en el corto plazo podría generar tensiones económicas y operativos en una industria que ya enfrenta múltiples desafíos.
La resolución también establece un seguimiento continuo de las capturas, con la posibilidad de reasignar "eventuales remanentes de los cupos" si fuera necesario, según lo dispuesto en la Resolución 8/04. Esto implica que la flexibilidad será clave, pero la incertidumbre para la planificación de las flotas pesqueras es un factor a considerar.
Este movimiento se enmarca en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, y busca equilibrar la explotación económica con la conservación ambiental. La comunicación de esta resolución a los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países subraya su carácter binacional y la importancia diplomática del acuerdo. ¿Podrán los gobiernos y el sector encontrar el balance perfecto entre la protección del ecosistema y la viabilidad económica de la pesca?
18 de febrero de 2026
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