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Un mega decreto simplifica y agiliza los procedimientos antidumping, antisubvenciones y salvaguardias, concentrando el poder en la CNCE. ¿Más protección o más burocracia para los importadores?
El Gobierno ha lanzado un mazazo regulatorio que promete sacudir el comercio exterior argentino. Con el Decreto 33/2025, se establece un nuevo y ambicioso marco para la aplicación de medidas antidumping, antisubvenciones y salvaguardias, con el objetivo declarado de "simplificar los procedimientos y promover la eficiencia en las investigaciones". ¡Prepárense las empresas importadoras y productoras nacionales!
La principal novedad es la centralización de la instrucción de los procedimientos en la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), un organismo desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Se busca una "normativa superadora" que dote de agilidad, transparencia y eficacia a todo el proceso. Esto implica la derogación de los Decretos Nros. 1059/96, 1219/06 y 1393/08, que regulaban la materia hasta ahora.
Entre los puntos más calientes, se destacan:
Para las industrias nacionales, esta reforma podría significar una herramienta más veloz y contundente para protegerse de prácticas de comercio desleal, lo que podría fomentar la producción local y el empleo. Sin embargo, para los importadores y, eventualmente, los consumidores, la agilización de estas medidas podría traducirse en mayores costos para los productos importados y una reducción de la competencia, con el riesgo de impactar en los precios finales.
"El objetivo es claro: proteger la producción nacional de competencia desleal, pero la clave estará en el equilibrio para no caer en un proteccionismo excesivo que perjudique al consumidor", afirmó un analista del sector. La nueva normativa entrará en vigencia con la publicación de una norma complementaria de la Secretaría de Industria y Comercio, a excepción de los artículos 131, 132, 133 y 135 que ya rigen desde su publicación.
