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El SENASA declara alerta sanitaria por sarna ovina en varios departamentos de Chubut hasta 2026, endureciendo controles y obligando a tratamientos. ¡Productores en vilo!
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) ha encendido las alarmas en la Patagonia con la Resolución 939/2025, declarando una Alerta Sanitaria por la sarna ovina (causada por el ácaro Psoroptes ovis) en siete departamentos de la Provincia del CHUBUT: Gastre, Telsen, Cushamen, Languiñeo, Paso de Indios, Mártires y Gaiman. La medida rige hasta el 31 de diciembre de 2026 y busca "fortalecer las tareas de prevención, vigilancia y control" de esta enfermedad que ya había sido declarada erradicada en algunas zonas.
La noticia bomba es que las pruebas oficiales realizadas entre 2018 y 2024 demostraron que los productos inyectables con lactonas macrocíclicas (avermectinas y milbemicinas), antes usados para combatir la sarna, ¡no resultaron satisfactorios! Es decir, no erradicaron la enfermedad en el 100% de los animales. Esto obligó a una resolución anterior que exige a esos productos la leyenda "PRODUCTO APTO PARA EL CONTROL DE LA SARNA OVINA", marcando una clara diferencia con los baños por inmersión, que sí fueron efectivos.
La resolución establece la denuncia obligatoria de cualquier sospecha o confirmación de sarna ovina. Además, los poseedores de ganado ovino en las zonas afectadas deberán dar aviso inmediato, realizar tratamientos en toda la majada según las recomendaciones del SENASA y permitir el ingreso de agentes oficiales para fiscalizar.
Lo más impactante son las restricciones al movimiento de animales: los ovinos en pie y sus productos/subproductos de zonas en alerta sanitaria hacia zonas libres solo se autorizarán previa evaluación de riesgo y bajo estrictas condiciones. Esto incluye dos baños por inmersión con un intervalo de 10 a 12 días, un Certificado de Inspección Sanitaria Oficial y un aislamiento cuarentenario de 24 días en destino. Para faena inmediata, también hay requisitos específicos.
Esta medida subraya la responsabilidad primaria de los productores en la sanidad de sus animales y busca proteger la industria ovina, clave para la economía regional, frente a una plaga persistente.
