Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Banco Central convoca públicamente a firmas y personas físicas por presuntas infracciones al Régimen Penal Cambiario. La justicia pisa los talones a quienes operan fuera de las normas en un contexto de férreo control financiero.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha puesto en marcha una serie de edictos explosivos, citando y emplazando públicamente a varias empresas y particulares por presuntas infracciones al Régimen Penal Cambiario (Ley N° 19.359). Estas notificaciones, publicadas en el Boletín Oficial, son un claro mensaje de que el organismo no baja la guardia en el control de las operaciones de divisas.
Entre los convocados figuran la firma Comprehensive Resources SRL y su representante Rodrigo Nicolás Bucchioni Fernández (Expediente EX-2022-00264074-GDEBCRA-GFC#BCRA, Sumario 8137), la empresa AGROPECUARIA NEW FRESCO S.A. junto a Carlos Alberto LAIS (Expediente Electrónico N° 180667/23, Sumario N° 8315), y el señor Juan Gabriel AGUILAR (Expediente N° EX-2023-00180585-GDEBCRAGFC#BCRA, Sumario N° 8240). Todos ellos son intimados a comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del BCRA en un plazo de 10 días hábiles bancarios, bajo la severa advertencia de ser declarados en rebeldía si no se presentan.
Estos edictos no son meros trámites administrativos; son una advertencia resonante para todo el ecosistema económico. En un país con constantes vaivenes en la normativa cambiaria, el BCRA refuerza su rol de policía financiero, persiguiendo a quienes, a su criterio, se desvían de las estrictas reglas del juego. Para las empresas y personas físicas citadas, el panorama es complejo: enfrentan un proceso legal que puede derivar en sanciones económicas cuantiosas y otras penalidades, además del costo reputacional y el desgaste judicial. La incomparecencia solo agravará su situación.
Para el resto del mercado, es un recordatorio contundente de la necesidad imperiosa de operar con la máxima cautela y asesoramiento especializado en todo lo referente a divisas. La Ley del Régimen Penal Cambiario no es un juego, y el Estado está dispuesto a utilizar todas sus herramientas para hacerla cumplir, buscando proteger la estabilidad económica y las reservas nacionales. La lucha contra las operaciones irregulares sigue vigente y con más fuerza que nunca.