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Cuatro grandes empresas de sectores clave como la automotriz, maquinaria agrícola y transporte, lograron homologar acuerdos para suspender a cientos de empleados, invocando el artículo 223 bis de la LCT. La medida, que implica pagos no remunerativos, revela un panorama sombrío en la economía real argentina.
El Boletín Oficial de hoy trajo una ráfaga de malas noticias para el mercado laboral argentino. A través de cuatro disposiciones separadas, el Ministerio de Capital Humano, vía la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, homologó acuerdos de suspensión de personal para empresas de peso como BORG SOCIEDAD ANÓNIMA, KADIRA SOCIEDAD ANONIMA, AGCO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y AUTOBUSES SANTA FE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
Estas suspensiones, pactadas con sindicatos como el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (SMATA) y la UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR (UTA), se amparan en el polémico Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Este mecanismo permite a las empresas suspender a sus trabajadores pagando una prestación no remunerativa, una suerte de "salario de emergencia" que no genera aportes ni contribuciones. Lo más llamativo es que, en todos los casos, el Estado consideró que hubo un "reconocimiento tácito" de la situación de crisis por parte de los gremios, lo que les permitió saltarse el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un paso clave para proteger a los trabajadores en situaciones de despidos masivos o suspensiones.
Para los trabajadores afectados, la medida implica una reducción de ingresos y una incertidumbre laboral brutal. Aunque se "preservan los puestos de trabajo", la realidad es que el bolsillo de estas familias sentirá el golpe. Para las empresas, es una forma de ajustar costos en un contexto recesivo, evitando despidos directos que implicarían mayores indemnizaciones. Este aluvión de suspensiones es un termómetro de la economía real. Muestra que la crisis no es un concepto abstracto, sino que impacta directamente en la producción y el empleo en sectores tan diversos como la fabricación de vehículos, maquinaria agrícola y el transporte público. La flexibilización de los procedimientos para aplicar el 223 bis, con el guiño estatal, podría sentar un precedente preocupante.
Mantente informado: La situación económica es volátil. Seguí de cerca los comunicados sindicales y los informes de empleo para entender cómo evolucionan estas medidas.
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