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El Ministerio de Capital Humano da luz verde a acuerdos que suspenden a cientos de trabajadores en sectores clave como automotriz, marroquinería y transporte, pagando salarios 'no remunerativos'. La polémica: ¿elude el Gobierno el Procedimiento Preventivo de Crisis y precariza el empleo?
En un movimiento que sacude el mercado laboral, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, acaba de homologar acuerdos clave que permiten a empresas como VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A., Empresa Mayo S.R.L. (transporte), L´EXPRES S.A. y SAMA ROSANA EDITH (marroquinería) suspender personal bajo el polémico Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744.
Lo más llamativo es que el Gobierno reconoce tácitamente una situación de crisis en estas firmas, permitiendo obviar el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un mecanismo legal clave. ¿La justificación? El consentimiento de los sindicatos (SMATA, Sindicato de Trabajadores de la Industria Marroquinera, UTA) para 'preservar los puestos'. Una vía rápida que genera debate sobre la flexibilización laboral y el rol de las leyes protectoras.
Para los cientos de trabajadores afectados, la consecuencia es directa: recibirán una prestación no remunerativa durante la suspensión. Esto es un mazazo, ya que esos montos no cuentan para aguinaldo, vacaciones, aportes jubilatorios ni futuras indemnizaciones. Se mantiene una parte del ingreso, sí, pero a costa de erosionar derechos laborales fundamentales y precarizar la situación a largo plazo. Es una medida que, si bien busca evitar despidos masivos, abre la puerta a un futuro incierto para la estabilidad y los beneficios de los empleados. Los trabajadores deben estar alerta y exigir transparencia sobre cómo estas 'prestaciones' impactan sus derechos.
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