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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero intensifica su accionar: citaciones por infracciones con multas exorbitantes en La Quiaca, un ultimátum para mercadería abandonada en Río Grande y un llamado a los herederos de una agente fallecida. El brazo fiscalizador del Estado no da tregua.
El Boletín Oficial de hoy trae una serie de avisos que demuestran la implacable actividad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Desde las fronteras hasta los asuntos internos, la Aduana no deja cabo suelto.
En Aduana La Quiaca, dos nombres resuenan con fuerza: Ramón Angel Cruz Villaroel y Gladys Quispe Lopez. Ambos han sido citados por presuntas infracciones al Artículo 866 del Código Aduanero, enfrentando multas mínimas que quitan el aliento. Cruz Villaroel, con un C.I.Bol. N° 2.994.871, debe responder por $2.828.553,64, mientras que Quispe Lopez, con C.I.Bol. N° 7.676.960, enfrenta una multa de $3.606.153,40. Se les ofrece la posibilidad de pago voluntario para extinguir la acción penal, una "salida" que, aunque costosa, evita un proceso más largo.
Simultáneamente, la Aduana Río Grande emite un ultimátum por "mercadería fantasma". Se trata de cinco bultos de "Parts Automotive" que arribaron el 28 de febrero de 2026 y que, si no son reclamados en el perentorio plazo de TREINTA (30) días corridos, serán sometidos a lo dispuesto por la Ley 25.603, que implica su disposición por parte del Servicio Aduanero. Un llamado de atención para importadores o transportistas despistados que pueden perder sus bienes.
Finalmente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero lanza un aviso póstumo: cita a los parientes de la agente fallecida WESTMANN, MARIANA LAURA (D.N.I. N° 24.366.336). El objetivo es que hagan valer sus derechos a beneficios establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo y a la percepción de haberes pendientes. Un recordatorio de que, incluso en los detalles más sensibles, el Estado busca cumplir con sus obligaciones y derechos laborales. Para los ciudadanos comunes, esto subraya la importancia de estar al tanto de los procesos aduaneros, especialmente si realizan actividades de importación o exportación, y de conocer los derechos laborales en la administración pública.