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El Ministerio de Capital Humano homologó acuerdos de suspensiones en el sector plástico y metalúrgico, con pago de sumas no remunerativas. La medida busca evitar despidos en un contexto de crisis, pero enciende las alarmas sobre la salud económica de estas industrias.
El fantasma de la crisis acecha a la industria argentina, y el Ministerio de Capital Humano acaba de dar luz verde a acuerdos de suspensiones masivas que, aunque buscan preservar puestos de trabajo, son un claro indicador de la fragilidad económica actual. En un movimiento que genera más preguntas que certezas, la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo homologó dos convenios clave que afectan a miles de familias.
Por un lado, la empresa DOSAM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, del sector plástico, y la DELEGACION ZONA NORTE DE LA UNION OBREROS Y EMPLEADOS PLASTICOS acordaron suspensiones con el pago de una prestación no remunerativa bajo el polémico artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Lo más llamativo es que la autoridad laboral consideró que hubo un 'reconocimiento tácito a la situación de crisis' por parte del gremio, obviando el tradicional Procedimiento Preventivo de Crisis. Esta lectura, ¿abre una puerta a futuras negociaciones más flexibles en tiempos difíciles?
Pero la situación no termina ahí. La CAMARA ARGENTINA DEL ACERO y la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA -SECCIONAL VILLA CONSTITUCIÓN-, junto a varias empresas del rubro como PROSVER S.R.L., SIJAM S.A., DELTACOM S.A., CASIUS S.A. y FAMEC SAN NICOLAS S.R.L., también pactaron suspensiones con sumas no remunerativas. Aquí, la justificación es idéntica: se busca 'preservar los puestos de trabajo' ante una crisis reconocida tácitamente. Estos acuerdos, fechados el 12 de diciembre de 2024, reflejan una tendencia preocupante en el pulso productivo nacional.
La homologación de estas medidas, que implican una flexibilización en las condiciones laborales y un costo social a futuro (al ser sumas no remunerativas, no aportan a jubilación ni obra social en la misma medida), muestra un gobierno que, al menos en este frente, opta por la intervención para evitar un colapso mayor. Sin embargo, la pregunta que queda flotando es: ¿hasta cuándo se podrá 'parchar' la situación con suspensiones antes de que la crisis se profundice y los despidos sean inevitables? Es crucial que los trabajadores afectados conozcan sus derechos y las implicaciones de estas prestaciones, que si bien alivian la carga inmediata, pueden tener un impacto a largo plazo en su seguridad social.
