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El INAES puso la lupa sobre la ASOCIACIÓN MUTUAL SOBERANIA, abriendo un sumario a cinco de sus dirigentes por presuntas irregularidades. Una movida que enciende las alarmas sobre la transparencia y el control en el sector mutualista, con nombres y CUITs bajo la mira oficial.
El control sobre la economía social se intensifica, y esta vez, el foco está puesto en la transparencia de la gestión. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), con domicilio en Av. Belgrano N.º 1656, CABA, notificó una medida que resonará fuerte en el ámbito mutualista: la instrucción de un sumario a cinco personas vinculadas a la ASOCIACIÓN MUTUAL SOBERANIA, matrícula CBA 825.
La RESFC 2025-1137 APN DI#INAES ordena la apertura de un sumario para determinar la participación y responsabilidad de los siguientes individuos en hechos que aún no se detallan públicamente, pero que han motivado la intervención del organismo de control:
La Dra. Andrea Delbono, Instructora Sumariante de la Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales del INAES, es la encargada de llevar adelante esta investigación. Los implicados han sido emplazados para que, en un plazo de DIEZ (10) días hábiles, más los correspondientes por distancia, presenten su descargo y ofrezcan las pruebas que consideren pertinentes. Además, deberán denunciar su domicilio real y constituir un domicilio especial o electrónico en CABA, conforme a los artículos 19 a 22 del Decreto N.º 1759/72 (T.O. 2017).
Este sumario no solo afecta a los individuos y a la mutual directamente involucrada, sino que envía una señal clara a todo el sector de la economía social: el INAES está intensificando la fiscalización y no dudará en investigar presuntas irregularidades. La transparencia en la gestión de fondos y el cumplimiento de las normativas son cruciales para la credibilidad de estas organizaciones. Para los socios de mutuales, esta noticia resalta la importancia de exigir rendición de cuentas y estar informados sobre la gestión de sus dirigentes. El proceso sumarial busca garantizar la legalidad y la buena administración de las entidades, un pilar fundamental para la confianza pública.
