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El Ente Nacional de Comunicaciones dictó la caducidad de múltiples autorizaciones radioeléctricas, afectando a empresas y particulares. ¿Se viene una limpieza profunda del espectro o un golpe a la libertad de comunicación en Argentina?
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) ha desatado una verdadera purga en el espectro radioeléctrico, declarando la caducidad de numerosas autorizaciones que habilitaban a operar en distintas frecuencias. Esta medida, formalizada a través de las resoluciones RESOL-2024-1063-APN-ENACOM#JGM y RESOL-2024-1053-APN-ENACOM#JGM, impacta directamente en una serie de actores, desde la empresa CASTELL HERMANOS S.A. hasta varios particulares como GUARNIERI ROBERTO AGUSTIN, ABREU EDUARDO, GIACOMINO ELIDA LIBIA, BRACH ELOISA, COMPARIN NESTOR FABIAN, CAGNELUTTI CARLOS ANGEL y RIOS FRANCISCO JOAQUIN.
La caducidad de estas autorizaciones significa, en criollo, que los afectados pierden el derecho a utilizar las frecuencias que tenían asignadas. Esto no es un mero formalismo; implica que deberán cesar sus operaciones radioeléctricas o, de lo contrario, enfrentarán severas sanciones. Si bien los expedientes mencionados (EX-2019-14701456-APN-SDYME#ENACOM y EX-2020-08030408-APN-SDYME#ENACOM) aluden a "los motivos expuestos en los considerandos", el detalle de las infracciones o incumplimientos no se hace público en estos edictos de notificación. Generalmente, estas caducidades ocurren por falta de pago, no uso de la frecuencia, incumplimiento de normativas técnicas o administrativas, o la expiración de licencias sin renovación adecuada.
Para los directamente involucrados, la noticia es un baldazo de agua fría, implicando la interrupción de sus actividades y posibles pérdidas económicas. Sin embargo, para el sistema de comunicaciones en general, la medida podría interpretarse como un intento del ENACOM de ordenar y eficientizar el uso del espectro radioeléctrico, un recurso escaso y fundamental para la conectividad y el desarrollo tecnológico. La liberación de estas frecuencias podría, en teoría, permitir una mejor asignación a otros operadores o servicios que las necesiten, fomentando una mayor competencia o mejorando la calidad de los servicios existentes. Los ciudadanos comunes no sentirán un impacto directo, a menos que fueran usuarios de servicios provistos por los afectados.
Esta acción subraya la importancia crítica de la regulación en el sector de las telecomunicaciones y el poder del Estado para intervenir en la asignación y revocación de permisos. Es un recordatorio para todos los licenciatarios de la necesidad de mantenerse al día con las exigencias normativas y administrativas para evitar sorpresas desagradables. Manténganse informados a través de los canales oficiales de ENACOM para futuras actualizaciones y resoluciones que podrían afectar el panorama comunicacional de nuestro país.
