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Una resolución clave destraba la adquisición de insumos traumatológicos de urgencia para la Provincia de Buenos Aires. Dos gigantes se quedan con el botín, pero no sin controversias y desestimaciones que encienden las alarmas sobre la transparencia y el interés público en juego.
La Oficina de Contrataciones de la Provincia de Buenos Aires (OPCGP) ha emitido la Resolución N° 39-OPCGP-2026, una medida que pone fin a la intrincada Licitación Pública N° 614-0895-LPU25 para la compra de insumos traumatológicos de urgencia, tanto nacionales como importados. Este proceso, gestionado bajo el ojo atento del Sistema de Compras Electrónicas 'Provincia de Buenos Aires Compras' (PBAC), es crucial para garantizar la provisión de materiales médicos vitales en los hospitales bonaerenses.
Tras un exhaustivo análisis de ofertas presentadas por PROGRAMAS ASISTIR S.A., EURO SWISS S.A. e IMATIONTY S.A., la Comisión de Preadjudicación decidió repartir el pastel. Las firmas PROGRAMAS ASISTIR S.A. y EURO SWISS S.A. fueron las elegidas para adjudicarse diversos renglones y sumas que, lamentablemente, no se detallan en esta resolución, dejando un manto de misterio sobre los montos exactos. Sin embargo, no todo fue color de rosas: la misma comisión sugirió desestimar ciertos renglones de las ofertas de los adjudicatarios y, de manera tajante, rechazó por completo la propuesta de IMATIONTY S.A., alegando motivos expuestos en un dictamen interno. Esto generó un revuelo entre los participantes y el sector de proveedores.
La trama se complica cuando, posteriormente a la preadjudicación, la Coordinación de Política Administrativa del Ministerio de Salud realizó 'salvedades' sobre la decisión inicial. Este criterio fue compartido por la Subsecretaría de Contrataciones, encendiendo una luz de alerta sobre el proceso. La resolución enfatiza que estas observaciones se hicieron 'a fin de velar por el interés fiscal y el interés público comprometido'. Un claro indicio de que la transparencia y la optimización de los recursos estatales son una preocupación constante en estas megacontrataciones.
Este movimiento burocrático, que parece menor a simple vista, tiene implicaciones directas y profundas. Por un lado, asegura la disponibilidad de insumos traumatológicos de urgencia, elementos críticos para la salud pública que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones extremas. Por otro lado, la adjudicación y desestimación de ofertas reconfigura el panorama competitivo para las empresas del sector health, quienes ven en estas licitaciones una oportunidad de negocio vital, pero también se enfrentan a un proceso riguroso y, a veces, polémico. La intervención de múltiples organismos estatales subraya la complejidad y la vigilancia necesaria en el manejo de fondos públicos para fines tan sensibles como la salud.
¿Qué significa para el ciudadano? Que el Estado está (o debería estar) garantizando la provisión de elementos esenciales para su atención médica, aunque el camino para lograrlos sea tortuoso y esté lleno de idas y vueltas administrativas. Es fundamental seguir de cerca estos procesos para asegurar que los recursos públicos se utilicen de la manera más eficiente y transparente posible. Futuras actualizaciones sobre los montos finales y las razones exactas de las desestimaciones serán clave para entender el panorama completo.
10 de febrero de 2026
14 de julio de 2025
11 de marzo de 2025
