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La famosa empresa de colchones Simmons de Argentina y el Sindicato Textil llegaron a un acuerdo salarial clave, homologado por el Ministerio de Capital Humano. Sin embargo, la resolución trae consigo una advertencia sobre el carácter de los pagos y la gestión de los fondos sindicales.
En una movida que impacta directamente en la industria del descanso, el MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO acaba de registrar un acuerdo crucial entre la gigante SIMMONS DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL y el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA -SECCIONAL AVELLANEDA-, ratificado por la central nacional del gremio. La Disposición 2546/2025, publicada este 28 de enero de 2026, oficializa nuevas condiciones salariales para los trabajadores de la reconocida marca de colchones.
El convenio, alcanzado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1096/10 “E”, establece ajustes en los salarios que, sin duda, traerán un respiro a los bolsillos de los empleados en un contexto inflacionario. No obstante, al igual que en otros acuerdos recientes, la autoridad de aplicación hizo una importante salvedad: advirtió a las partes sobre el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) en relación al carácter de las sumas pactadas. Esta sutil pero contundente advertencia sugiere que algunas de las sumas acordadas podrían tener un carácter "no remunerativo", lo que, como ya sabemos, puede impactar en los aportes y beneficios futuros de los trabajadores.
Otro punto a destacar es la contribución empresaria pactada con destino a la entidad sindical. El Ministerio exige que esta contribución sea gestionada bajo una administración especial, separada y documentada del resto de los fondos sindicales, conforme a lo dispuesto por el Artículo 4° del Decreto N° 467/88. Esto busca garantizar la transparencia en el manejo de los recursos que van a las arcas del gremio, un tema siempre sensible y bajo la lupa pública.
Finalmente, la Disposición también anticipa que, una vez registrado el acuerdo, se evaluará la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones para el tope indemnizatorio (Artículo 245 de la LCT). Esto es vital para determinar el monto máximo que un trabajador podría percibir en caso de despido sin justa causa, un cálculo que siempre genera controversia y expectativas entre empleados y empleadores. La medida busca dar certidumbre, pero también pone en el centro de la escena la protección de los derechos laborales en un momento económico delicado. ¡Un colchón de tranquilidad, pero con algunas espinas!
