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El Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) desembolsará una fortuna por un nuevo contrato de locación en La Plata. Más de un millón de pesos mensuales para oficinas sin atención al público, en un contexto de escasez de inmuebles fiscales. ¿Hay transparencia en este gasto?
Una nueva disposición del Gobierno bonaerense encendió las alarmas: el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) ha aprobado un contrato de locación que le costará a las arcas públicas una cifra escalofriante. Se trata del alquiler de un inmueble ubicado en calle 6 N° 661/663, 8° piso, de la ciudad de La Plata, destinado exclusivamente a oficinas internas, sin atención al público.
El contrato, que rige desde el 1° de febrero de 2026 hasta el 31 de enero de 2027, establece un importe mensual de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL ($1.300.000), con la posibilidad de ajustes cuatrimestrales. Además, la disposición contempla una opción de prórroga por un período adicional de igual duración. El propietario del inmueble es el Sr. Daniel Eduardo AMATO, identificado con DNI N° 11.895.562, quien también figura como Presidente de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado (FEMAPE).
La justificación oficial, según el expediente, es que la Dirección de Abordaje Territorial del Ministerio de Economía informó la inexistencia de inmuebles fiscales disponibles que reunieran las condiciones requeridas. Esta situación obligó al OPISU a recurrir al mercado privado, generando un gasto que muchos ya tildan de excesivo, especialmente considerando que las oficinas no serán de cara al público.
"Es crucial que los contribuyentes sepan cómo se utilizan los fondos públicos. Este tipo de disposiciones, aunque administrativas, revelan patrones de gasto y prioridades gubernamentales."
Este movimiento de fondos, en un contexto económico complejo, levanta interrogantes sobre la eficiencia del gasto público y la gestión de los bienes del Estado. Los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires son, en última instancia, quienes financian este alquiler a través de sus impuestos. La transparencia en este tipo de decisiones es fundamental para mantener la confianza pública.
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