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El Organismo Provincial de Contrataciones aplicó un apercibimiento a la firma RAÚL E. MÓNACO S.A. por reiterados incumplimientos en la entrega de mobiliario destinado al Servicio Penitenciario Bonaerense.
El Organismo Provincial de Contrataciones de la Provincia de Buenos Aires ha resuelto aplicar la sanción de apercibimiento a la firma RAÚL E. MÓNACO S.A. (CUIT 33-63877672-9, Legajo N° 101125) debido a reiterados atrasos en la entrega de mobiliario. Estos bienes estaban destinados a diversas dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense, en el marco de la Licitación Pública N° 41/2023.
La empresa fue adjudicataria de varios renglones en la mencionada licitación, por un monto total de $108.478.525. Sin embargo, se registraron múltiples demoras en las entregas parciales, excediendo los plazos contractuales en cinco oportunidades durante el año 2025. Las demoras variaron entre dos y veintisiete días hábiles.
Si bien la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ya había aplicado penalidades económicas por estos atrasos, el Organismo Provincial de Contrataciones consideró que la acumulación de incumplimientos tardíos (más de cuatro en un año, según el Artículo 24 del Decreto N° 59/19) ameritaba una sanción adicional de apercibimiento.
RAÚL E. MÓNACO S.A. presentó un descargo alegando problemas logísticos y la existencia de caso fortuito o fuerza mayor. No obstante, la Dirección Provincial de Registro Único de Proveedores y Licitadores del Estado y la Dirección de Procedimientos Sancionatorios determinaron que la firma no aportó pruebas suficientes para sostener sus argumentos ni había invocado dichas causales en tiempo y forma ante la autoridad contratante. Se remarcó que la evaluación de un caso de fuerza mayor es competencia del organismo contratante (en este caso, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), y no de esta instancia sancionatoria, dada la extemporaneidad del planteo.
Esta resolución subraya la importancia del cumplimiento de los plazos y condiciones en las contrataciones con el Estado. Para las empresas proveedoras, es un recordatorio de las consecuencias de los incumplimientos, que pueden ir más allá de las penalidades económicas y afectar su reputación y capacidad para futuras licitaciones. Para el Estado, reafirma el compromiso con la eficiencia y la transparencia en la gestión de los recursos públicos y la provisión de bienes y servicios esenciales.
