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Un decreto presidencial revela que el Estado Nacional debe desembolsar USD 11.000 a Guillermo Antonio Álvarez por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¡Un recordatorio contundente de las responsabilidades internacionales del país!
El Decreto 577/2025 sacude la escena política al oficializar el pago de USD 11.000 a Guillermo Antonio Álvarez, en concepto de indemnización por daño material e inmaterial. Esta suma no es menor, ya que proviene de una contundente sentencia dictada por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS en el Caso N° 13.041, conocido como "ÁLVAREZ VS. ARGENTINA".
La sentencia, notificada el 7 de noviembre de 2023, obligaba al ESTADO NACIONAL a cumplir con este resarcimiento en un plazo de un año. La urgencia del decreto subraya el carácter definitivo e inapelable de los fallos de la Corte, tal como lo establecen los artículos 67 y 68.1 de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS o "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA", ratificada por la Ley N° 23.054. Este compromiso internacional es ineludible para Argentina, y su incumplimiento podría acarrear graves consecuencias en el ámbito diplomático y de derechos humanos.
El monto total se desglosa en USD 1.000 por daño material y USD 10.000 por daño inmaterial, ambos fijados en equidad a favor del señor Álvarez. El gasto será imputado a las partidas específicas de la Jurisdicción 91 – OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO – Ejercicio 2025. Este episodio sirve como un crudo recordatorio de que las violaciones a los derechos humanos tienen consecuencias tangibles y que el Estado debe responder ante la justicia internacional. La intervención de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Justicia en este proceso demuestra la complejidad y la importancia de atender estos mandatos. ¿Podrá el Estado aprender de estos fallos para evitar futuras condenas?
